Reformar una Constitución viva

La Constitución de 1978, a los 45 años de su aprobación, debería seguir siendo el terreno de juego compartido. Su invocación, sin embargo, sirve ahora de arma arrojadiza contra el adversario, es el coto de caza contra el que piensa diferente. Se olvida el carácter no militante de la democracia española, es decir, el hecho de que en nuestro ordenamiento constitucional tienen cabida incluso aquellos planteamientos que cuestionan su fundamento mismo, siempre que se respeten los procedimientos de reforma, como ha recordado el Tribunal Constitucional.

La Constitución así entendida está en los orígenes del pacto constitucional. Su texto refleja los equilibrios inestables de la Transición y sería deseable recuperar aquel espíritu constituyente para adaptarlo a las realidades del siglo XXI. Su puesta al día es inaplazable en los avances que la sociedad ya ha realizado en temas como la igualdad de género, en la superación de viejos estereotipos como el término disminuidos (artículo 49), como reclaman los colectivos de personas con discapacidad, o en el marco de soberanías compartidas que es hoy la UE.

Sin embargo, más allá de estas evidencias, sería también el momento de una puesta al día de la Constitución que superase las contradicciones propias de los equilibrios que la alumbraron y que reforzase su carácter inclusivo en el plano territorial. Entre estas contradicciones, por ejemplo, hay una que afecta al orden de sucesión en la Corona –será preferible, «en el mismo grado, el varón a la mujer» (artículo 57)– y que choca de lleno con el mandato constitucional que establece la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna «por razón de raza, sexo, religión» (artículo 14).

También en el plano autonómico, el preámbulo de la Constitución proclama la voluntad de «proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones» y, acto seguido, su artículo 1 habla de «pueblo español» en singular. El carácter polisémico del término nación se traduce en el texto constitucional (artículo 2) en la distinción entre regiones y «nacionalidades», un eufemismo que se utilizó para referirse a aquellas naciones históricas, como es el caso de Cataluña, fuente de tanto conflicto en la actualidad, que forman parte de nuestro Estado compuesto.

Canarias, como expresó el pasado miércoles el presidente Fernando Clavijo, aspira a anclar su Régimen Económico y Fiscal (REF) en la Constitución de manera que quede protegido de las luchas partidistas estatales y de los recortes presupuestarios estructurales o coyunturales. La lejanía, la insularidad, la fragmentación del territorio (doble insularidad), la falta de agua, energía y materias primas, y la complejidad de su territorio y lo abrupto de su paisaje, no entienden de circunstancias económicas. Son permanentes. La Constitución Española debe incluir la ultraperiferia como concepto y también como eje de todas las políticas que tengan que ver con Archipiélago, como ya hace la Unión Europea. Canarias es la única Región Ultraperiférica (RUP) española, lo que deber ser reconocido con un encaje específico en la Carta Magna similar al artículo 349 del Tratado europeo, de manera que las Islas puedan afrontar sus retos como región alejada e insular.

La fructífera experiencia de más de cuatro décadas de Constitución –el periodo de más libertad política, desarrollo económico, progreso social y autogobierno de nuestra historia– es argumento suficiente para revitalizarla, la mejor manera de fortalecerla. La solidez de la Constitución de 1978 debería invitarnos a superar los miedos y recuperar la autoestima colectiva para plantear aquellas reformas que la realidad española, la integración europea y los retos que afrontamos, de los nuevos conflictos geoestratégicos al cambio climático, aconsejan.

Esta tarea no está exenta de escollos: la propia dificultad de los mecanismos de una reforma substancial –la aprobación por mayoría de dos tercios del Congreso y el Senado, la disolución de las Cortes, la ratificación del texto por las nuevas Cámaras y referéndum final– y los intangibles políticos para poder emprenderla. La superación del bloquismo –la impermeabilidad entre los dos bloques en escena– es hoy la condición, el intangible previo, de toda reforma. Más que gritar «¡Viva la Constitución!» hay que defender, con los hechos, una Constitución viva.

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