La trágala de la deuda

A pesar de haber pasado de un endeudamiento de menos del cuatro por ciento de su PIB a más del 14 en los últimos quince años, Canarias es hoy, con Madrid, la región española con menos peso de su deuda, y con menos deuda por habitante. La Comunidad Valenciana es la que más deuda tiene hoy, cerca de un 43,5 por ciento. Y Cataluña la segunda que más debe, un 32,4 por ciento. La decisión del Gobierno Sánchez de aceptar una quita de la deuda catalana por 15.000 millones no significa que ese dinero deje de pagarse, lo que significa es –sencillamente– que la deuda que hoy tienen que pagar los catalanes la vamos a pagar el conjunto de los españoles. Significa que el Gobierno de Sánchez da por bueno el eslogan catalán de «España nos roba», porque el dinero que los catalanes gastaron a espuertas, mientras en Canarias hacíamos sacrificios en medio de la gran crisis económica y fiscal de 2008, pues ahora lo vamos a pagar todos.

Lo que Sánchez condona al Gobierno catalán es una pequeña parte de lo que Cataluña debe al Fondo de Liquidez Autonómica, un invento montado precisamente para que Valencia y Cataluña pudieran seguir pagando a sus funcionarios cuando este país comenzó a hacer aguas como resultado de la gran recesión. El Fondo permitió el acceso a la financiación de las regiones más endeudadas, en un momento de cierre de unos mercados aterrados por la debacle, y en unas condiciones muy favorables. Si el Fondo no hubiera existido, las regiones habrían tenido que pagar por sus créditos al menos un punto adicional de más, subiendo la deuda hasta dos puntos del PIB por encima de lo registrado en 2022.

El problema es que Valencia y Cataluña se lanzaron a gastar dinero de forma absolutamente compulsiva, desoyendo las recomendaciones europeas de contener el gasto público. Y mientras, aquí, en la muy aplatanada España tropical, hicimos justo lo contrario: nos comportamos como europeos, contuvimos el gasto, apretamos los dientes, marcamos un par de agujeros más en el cinturón de lo público y logramos contener el desastre. Al menos en esos años, luego volvimos, a atar los perros con chorizo de ídem, siguiendo la tendencia nacional. La cosa es que no tiramos del Fondo de liquidez, nos endeudamos fundamentalmente con los bancos, porque podíamos hacerlo, nuestra deuda era razonable, y las entidades financieras asumieron que podíamos pagar, como efectivamente se ha hecho. En Cataluña no ocurrió así, la inmensa mayoría de la deuda la financió el Estado, y es ahora el Estado (o sea, todos y cada uno de nosotros) los que vamos a tener que responder de esa deuda.

Nos venden la milonga de que el Gobierno llegará a acuerdos con todas las autonomías para aplicar una quita similar a la aplicada en Cataluña. Es falso. Incluso suponiendo que se hiciera así, que el Ministerio de Hacienda aplicara una reducción equitativa de la deuda realmente existente, basada en descontar a todas las regiones la misma cantidad de deuda por habitante (eso es lo que han planteado los técnicos de Hacienda del sindicato Gestha, hacer una regla de tres…), incluso en ese caso, no sería del todo justo, porque después acabaríamos por pagar todos lo mismo por cada euro solicitado en préstamo. Además, es ciencia ficción: para que el Gobierno decida liquidar a todos los españoles la misma cantidad, deberíamos estar en condiciones de presionarlo como han hecho los indepes catalanes con sus votos. Y eso no va a ocurrir. Lo que va a acabar ocurriendo es que los ciudadanos de los territorios que cumplieron asumirán la deuda de los que no lo hicieron. Muy ejemplificador no es.

Quizá por eso, el Gobierno regional pretende poner freno legalmente al gasto sin control de las regiones incumplidoras, siguiendo el criterio del Banco de España, partidario de incorporar al sistema de financiación autonómica una cláusula que impida rescatar a las regiones que no cumplan las normas. El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha asegurado que Canarias intentará en las negociaciones para la reforma del sistema de financiación autonómica que cada una de las regiones responda por su gestión presupuestaria y financiera.

Teóricamente es una estupenda idea, pero también un desideratum, un imposible: esa cláusula impediría situaciones como que el Estado se coma la quita de 15.000 millones, fruto de un pacto político, mientras Canarias y otras regiones que lo hicieron bien pagan el almuerzo. Si el Gobierno de Sánchez es capaz de tragarse la amnistía una semana después de negar por activa y pasiva que fuera posible, una cláusula en un acuerdo político no va a impedir que vuelvan a pagar con nuestro dinero los votos que les hagan falta. Cuando lo necesiten otra vez. Quizá en otro par de meses.

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