Opinión | El recorte
Qué asquito

Una nueva concentración contra la amnistía frente a la sede socialista de Ferraz, en imágenes. / JOSÉ LUIS ROCA
En todo cesto de manzanas hay algunas que están bichadas. Y en toda manifestación democrática hay gentuza con propensión a la violencia. Ocurre que, en estos tiempos de populismo extremo y radicalización, cada vez son más. En una sociedad sensata, cosa que no somos, los partidos políticos estarían de acuerdo en llamar a la razón, en calmar los ánimos y en separar la paja de la violencia del trigo de la libertad de expresión. Pero eso es mucho pedir para un país que, casi un siglo después, sigue viviendo, uno diría que hasta disfrutando, el horror de las dos Españas que hielan el corazón.
La violencia de un grupo de ultras contra la policía que protegía la sede del PSOE de Madrid es algo deleznable. Tanto como lo fue el espectáculo de las calles incendiadas de Barcelona. Tan bochornoso como las agresiones a diputados catalanes que intentaban entrar en el Parlament. O tan reprobable como las llamadas a rodear el Congreso de los Diputados, como si fuera legítimo asediar a la asamblea de quienes representan al pueblo español.
Yo he visto tricornios subidos a la tribuna de oradores. Y metralletas que disparaban al techo del Congreso. He visto a grises a caballo disolver manifestaciones con la violencia de una carga prusiana. Y resulta que de esas lágrimas en la lluvia no hemos aprendido nada. Tenemos una extrema izquierda oligofrénica, instalada en el relato de que el franquismo no acabó con la muerte de Franco. Una que legitima o ignora los excesos de sus radicales, que llama jarabe democrático al acoso de los adversarios y que incluso defiende el derecho de unos ciudadanos a violentar las leyes en defensa de una supuesta democracia que sin leyes sería papel mojado. Y tenemos una ultraderecha nacionalcatólica y populista, que coquetea peligrosamente con un extremismo vecino de la violencia y la guerrilla urbana.
Todo eso, además, ocurre en el contexto de un país donde unos partidos políticos están utilizando el Gobierno para adquirir un nuevo mandato pagado con el pecunio de todos los españoles. Unos partidos que utilizan su mayoría para fabricar leyes inspiradas en sus necesidades de poder. Da igual que se trate de romper el criterio de caja única de la Seguridad Social, entregándosela a los vascos, que la red ferroviaria de cercanías ofrecida a los catalanes. La apisonadora de la supervivencia política no solo está por encima de la Constitución. Está por encima del sentido común.
De este atolladero no nos va a sacar un poder judicial, que dejó de ser independiente sin dejar de ser poder. Uno que es capaz de liberar en pleno domingo al hijo del presidente del Tribunal Constitucional, acusado de violación por una mujer, velozmente descalificada en los medios como «brasileña» y «prostituta». Referir que un delincuente es inmigrante marroquí está proscrito, porque estigmatiza la inmigración. Pero la medida de las cosas cambia en función de la conveniencia. Qué asquito da esto.
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