Del cayuco al centro de acogida

Unas 31.000 personas han llegado ya, navegando en cayucos que han completado la travesía (no se sabe cuántos no lo han hecho), desde las costas de Senegal y Mauritania en lo que va de año. Casi la mitad de ellas lo han hecho durante el mes de octubre. Un período de calmas en el mar y, sobre todo, las tensiones políticas y económicas crecientes en los países de origen, han ocasionado un incremento de las llegadas que nos lleva a los niveles de un año especialmente intenso como fue el de 2006. Un aséptico «repunte» para el Gobierno de España, una «oleada» para quienes prefieren hacer sonar las alarmas fronterizas.

En cualquier caso, una situación complicada para quienes se juegan la vida en el mar y para las comunidades receptoras, especialmente las islas Canarias, destino de la ruta migratoria más activa (seguida de la que va de Argelia a la costa mediterránea) desde que las relaciones bilaterales entre España y Marruecos mantienen bajo restricciones más efectivas la tradicional ruta del Estrecho.

Que las llegadas hayan incluido incluso islas con escaso margen de acogida como El Hierro no deja otra opción, ya desde el primer momento, que la distribución corresponsable de los recién llegados entre todas las comunidades autónomas: el ejemplo de lo sucedido en algunas islas griegas o en Lampedusa no puede repetirse ahora de ningún modo y en ningún caso en Canarias.

Si tomamos como referencia un episodio similar como el de 2006, ya entonces surgieron tensiones a cuenta de la distribución de los inmigrantes de forma irregular. Era de prever que en un contexto de mayores recelos territoriales (aunque menores que los de hace cinco, cuatro o tres años, que llegaron a contaminar incluso las acciones de respuesta a la crisis del covid) y con el surgimiento de un movimiento de extrema derecha que hace del miedo a la inmigración una de sus razones de ser, surgieran quejas sobre el número de inmigrantes derivados a cada comunidad.

Algunas lo han hecho ya y Santiago Abascal no ha desaprovechado la ocasión para reclamar que las comunidades y ayuntamientos con pactos PP-Vox rechacen aceptar envíos de inmigrantes desde Canarias, más para poner en situación incómoda a sus ya incómodos socios de gobiernos que por el hecho de que esa opción tenga los mínimos visos de hacerse realidad.

Las cifras dibujan, en cambio, un panorama razonable, con las comunidades acogiendo en función de su peso demográfico respectivo (Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, por este orden) y a la espera de variaciones basadas en circunstancias objetivas, como la posibilidad de disponer de terrenos militares para aumentar la capacidad de recepción, como sucederá sobre todo en Madrid y Murcia.

Hasta ahora, Andalucía y Cataluña comparten con Canarias el podio de regiones españolas que más inmigrantes extranjeros acogen del país. Son las tres primeras comunidades en la lista de emplazamientos decididos por el Gobierno de España para los migrantes llegados al Archipiélago en el último mes, pero también se trata de extranjeros procedentes de crisis migratorias anteriores: la siria, la afgana y la ucraniana entre ellas.

Andalucía, con 9.874 migrantes, es la única comunidad que cuenta con una red de acogida superior a la canaria, que aloja a 6.363 personas. El tercer puesto lo ocupa Cataluña con 6.023 plazas. Albergan menos migrantes acogidos por el Gobierno la Comunidad de Madrid (3.935), la Comunidad Valenciana (3.123) y Castilla y León (2.638), si bien los datos pueden variar en poco tiempo, porque el Ministerio de Inclusión está trasladando de forma continua a la Península a numerosas personas llegadas en embarcaciones a Canarias desde Senegal en el último mes.

Pero esto es en lo que se refiere a la acogida inmediata. Después, la cosa se complica. La devolución de inmigrantes que no se encuentren en situación de vulnerabilidad promete ser polémica en el seno mismo de la coalición gubernamental en España: el derecho de asilo reconocido internacionalmente es sagrado, pero en un continente en crisis generalizada muchas veces son ya indistinguibles los motivos que llevan a lanzarse al mar. Y la saturación de los centros de acogida ha llevado a acortar los tiempos de permanencia (que pueden llegar a limitarse a solo un mes): dejar a la intemperie sin haber adquirido los mínimos recursos para orientarse en nuestro país a las personas que no van a ser expulsadas es una opción a evitar: ni es humana, ni es responsable.

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