Pensiones presidenciales

No creo que ningún expresidente del Gobierno de Canarias vaya a renunciar a los casi 72.000 euracos anuales que a partir del próximo año podrán cobrar por asesorar al Consejo Económico y Social, salvo Ángel Víctor Torres, que sigue políticamente en activo. La diferencia entre cobrar 2.200 euros netos mensuales –el máximo de una pensión pública– y cobrar 4.000 es demasiado importante. Por lo demás, ¿qué significa asesorar en este contexto? Al ser el Consejo Económico y Social de Canarias un organismo de derecho público y de carácter consultivo, deberá concluirse que los expresidentes estarán asesorando a un organismo asesor del Gobierno. Pero da un poco lo mismo: en realidad poquísima gente sabe lo que es el CES y si sirve para algo. Humildemente servidor no cree que esa excrecencia administrativa tenga alguna utilidad, pero queda coqueto, como un jarrón chino colocado en una esquina y cuya base escondiera una etiqueta: Made in Talavera de la Reina. El primer expresidente en entrar en esa santa casa –que actualmente pastorea, menuda sorpresa, José Carlos Francisco– podría sugerir, por ejemplo, que en la página web del CES figurasen sus directivos con sus debidos currículos y otros asuntos informativos pertinentes. ¿No es realmente extraordinario que un organismo con el que se engalana constantemente el Gobierno autonómico (y también viceversa) no deje claro en su web quiénes lo dirigen y alguna modesta declaración, pronunciamiento, saludito de los mismos?

Este emperrete (un sueldito de reconocimiento para los expresidentes) lleva más de un cuarto de siglo en el discurso público. La mayoría de nuestros expresidentes son señores con un buen pasar y/o una pensión desahogada. Caballeros entre los ochenta y los noventa años que, ciertamente, no tienen ya edad para ponerse a elaborar un informe de asesoramiento político, económico o administrativo. Podrían sufrir un infarto antes de rubricarlo. Para ser sincero, la mayoría, muy probablemente, no sabrían hacerlo. Son gente que durante su carrera leyeron –y escucharon– muchos informes, pero que carecen de la costumbre de informar. Un día, hace bastantes años, al entrar en el despacho de un viceconsejero del Gobierno autónomo lo encontré dormitando. Y no había cumplido los cincuenta tacos. No quiero dar nombres pero algunos de nuestros augustos próceres se duermen ya de pie, y tienen como órgano más activo la próstata. Se me antoja una crueldad insistir en ponerles un sueldo, es decir, martillear en que perciban un salario a cambio de un curro a semejante edad.

En Estados Unidos no existe pensión alguna para los presidentes. Gozan de ciertos privilegios: pueden contratar a dos secretarios, los protegen guardaespaldas del servicio secreto, ciertos servicios públicos se les ofrecen gratuitamente. Pero no ven un dólar. En los años cincuenta se produjo un caso excepcional. El expresidente Harry Truman se quedó en la ruina después de varias operaciones empresariales desastrosas. El Congreso decidió pasarle una pensión, que después de su muerte, en 1972, siguió cobrando su viuda. No era una gran cosa por cierto. Lo suficiente para sobrevivir. Mucho antes lo mismo había ocurrido con Ulysses Grant, presidente al mando de una de las administraciones federales más corruptas de la historia de los Estados Unidos. Tuvo suerte porque sus memorias se vendieron muy bien (su editor fue Mark Twain) en todo el país. Pero por lo general los presidentes se largan sin un cuarto en los bolsillos. John Adams se fue y volvió a ejercer la abogacía, pero también a cuidar de las vacas y los cerdos de su granja: los alimentaba cada mañana, al amanecer. Es en eso, y no en la existencia de un rey o un presidente, donde yo quisiera, como ciudadano, que se emularan las virtudes sencillas, modestas y gratificantes del republicanismo, es decir, que con la pensión de jubilación de un ciudadano cualquier jefe de Gobierno se considerase justamente recompensado.

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