Un siglo de Primo de Rivera

Hace unos días se cumplió un siglo del golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, por entonces capitán general de Cataluña y descendiente de una larga estirpe de generalotes. La actividad conmemorativa no ha sido muy notable en medio de los calores tórridos y la inacabable investidura que debería derivarse de las elecciones celebradas el pasado julio. Fue durante la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923 cuando Primo de Rivera proclamó en Barcelona el estado de guerra y sacó las tropas a la calle. Fue un golpe un tanto extraño, porque fuera de Cataluña y Aragón ningún general avaló la asonada. El pobre presidente del Gobierno de aquel entonces, un político inteligente llamado Manuel García Prieto, fue corriendo a ver a Alfonso XIII y le propuso convocar a elecciones después de destituir y encarcelar a los mandos militares del golpe. El rey le dijo que no, le deseó buenas noches y unas horas después llamó a Primo de Rivera para que formara gobierno. Así todos los implicados –comenzando por el monarca– se cargaron la Constitución de 1876 –la base del sistema político liberal, que no democrático, de la Restauración– sin un suspiro de pena. Hay que reconocer que a muchos miles de españoles –militares, funcionarios, empresarios, socialistas, tenderos, intelectuales– el golpe les pareció una magnífica noticia.

Es una pena que todos nuestros esfuerzos conmemorativos se centren en los conciertos de pop o de salsa y no en pararse a divulgar sobre acontecimientos o procesos históricos tan interesantes como olvidados. Para Canarias –como para toda España– la dictadura de Primo de Rivera, que comenzó como un directorio militar, sin duda lo fue. Ciertamente es un periodo insuficientemente investigado por los investigadores, pero tenemos algunos trabajos interesantes, como la tesis de grado del historiador Antonio Juan Padrón Acosta La dictadura de Primo de Rivera. Una solución al pleito insular, presentada en 2017. En síntesis el régimen primoriverista –que fracasó al intentar institucionalizarse, pese a intentarlo en serio– tuvo relevancia en la islas por tres factores básicamente: por finalizar con las guerras coloniales en Marruecos, por servir como experiencia de reorganización política del bloque de poder en Canarias y, especialmente, porque fue bajo el gobierno de Primo cuando pudo consagrarse la división provincial entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. En cambio, la faceta modernizadora de la dictadura –el crecimiento de una importante inversión pública y créditos en materia de infraestructura de transportes o industria pesada, por ejemplo– apenas tuvo impacto en Canarias, que presentaba por entonces –y así lo comprobó con cierta irritación el propio dictador en su visita a Tenerife y Gran Canaria en 1928– una economía fuertemente caracterizada por la presencia de capital inglés, aunque ya entonces declinante, y desde la crisis financiera de 1929, inexistente.

Lo más interesante del interesante estudio de Padrón Acosta es su hipótesis sobre el desarrollo político y jurídico de la división provincial. La Diputación Provincial de Canarias fue siempre una jaula de grillos y una fuente de disputas entre políticos tinerfeños y grancanarios: uno de los espacios públicos que más y mejor proyectaron la furia del pleito insular. Las autoridades grancanarias, ya a mediados de los años veinte, se negaron incluso a pagar su cuota para el mantenimiento de la Diputación. La reforma administrativa de Calvo Sotelo en 1925 dañó las aspiraciones divisionistas de los grancanarios. ¿Por qué cedió Primo de Rivera? Porque quería que su Asamblea Nacional –la parodia de parlamento que intentó fundar– estuvieran representados –no democrática, sino orgánicamente– todos los territorios y Gran Canaria quedaba con un a representación muy minoritaria en una única provincia. Con dos provincias y tres representantes en la Asamblea Nacional cada una todo quedaba en paz para el dictador. «Fue la dictadura de Primo la que estableció un nuevo statu quo en Canarias», sentencia Padrón Acosta. Y lo hizo por los autoritarios sueños institucionales del régimen más que por exigencias o reparos de grancanarios o tinerfeños.

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