Más protocolos y recursos frente a improvisaciones (y) temporales

Cuando la tormenta tropical Hermine descargó cientos de litros de agua por metro cuadrado en Canarias hace justo un año no solo anegó viviendas, cegó carreteras y desbordó barrancos, cuyos daños ascendieron a millones de euros, sino que, sobre todo, desmaquilló una realidad de deficiencias en las infraestructuras y protocolos de actuación institucional ante fenómenos metereológicos extremos. Su precedente más grave se retrotraía a 2005, cuando la tormenta Delta arrasó el Archipiélago y cifró el peor golpe del temporal en siete muertes y 12 personas desaparecidas. Quizás la lección no aprendida de estos episodios radicara en la polisemia tramposa del concepto «temporal», ya que, casi 20 años después, el escenario adolece de la misma fragilidad que entonces: Canarias sigue sin acostumbrarse a la creciente inestabilidad metereológica y sus impactos pero, en pleno debate sobre las consecuencias cada vez más drásticas del cambio climático, Canarias sigue sin prepararse contra sus envites.

Por eso, cuando la terrible ola de calor que asfixia las Islas estos días amenaza la salud de una de sus poblaciones más vulnerables en sus supuestos espacios de seguridad, las aulas, la única solución estribaba en parapetarse y confinarse, esto es, cerrar los colegios de forma radical, como si se tratara de una nueva pandemia, ante la falta de dosis y recursos de acondicionamiento y blindaje para 240.000 estudiantes y 27.000 docentes.

Esta medida extraordinaria e inédita en Canarias, decretada por la consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte del Gobierno autonómico, que preside Poli Suárez, y que se aplicó desde el 11 al 13 de octubre -festivo mediante-, cayó como un jarro de agua fría sobre millares de familias canarias, dado que puso al descubierto otra de las debilidades endémicas del conjunto de la sociedad española contemporánea, que es la falta de políticas de conciliación laboral y familiar, en pleno siglo XXI, tanto para situaciones ordinarias como excepcionales. Entre tanto, cada vez más expertos de la comunidad científica internacional advierten de que estos comportamientos metereológicos serán, si no más frecuentes, sí más intensos y volátiles en el tiempo y el espacio, como sucede con esta canícula que sofoca el corazón del otoño en las Islas. En este sentido, la estampa del profesorado abanicando con platos y libretas a un alumnado con sus mejillas apostadas contra las baldosas frías del suelo, unida a las denuncias de desmayos y sangrados por la nariz entre los más pequeños, invita a convenir que, antes de que lo excepcional cristalice en lo ordinario, urgen políticas de prevención y actuación frente a las sacudidas del tiempo.

Quizás esta suspensión histórica de las clases en un mes de octubre cuyas temperaturas mínimas dibujaron las máximas de otro tiempo sirva como punto de inflexión para desplegar acciones de adecuación a este escenario de diversidad climática en consonancia con el concepto de sostenibilidad sobre el que, en el fondo, debe pivotar todo este debate. Pese a la unanimidad que suscitó la medida tan improvisada como necesaria del Ejecutivo, la Federación de Ampas de Gran Canaria (Fapa Galdós) señaló el mismo miércoles que el ejercicio de irresponsabilidad institucional residía «en la desidia histórica de las administraciones en materia de infraestructuras educativas». Si bien Suárez avanzó sobre la marcha que su área empezará a elaborar de forma inmediata un protocolo de actuación para afrontar episodios extremos análogos -que espera ultimar en cuestión de días o semanas, promete-, este polémico capítulo alumbra un problema más de fondo que de forma, o volviendo a la terminología anterior, en que la sostenibilidad constituye todavía la excepción.

La política de soslayar la variable medioambiental en la toma de decisiones y la gestión diaria de los centros educativos se traduce hoy en el pésimo estado de sus infraestructuras, el desfase y abandono de sus instalaciones y equipamientos, sobre todo, en el sur de las Islas; a lo que se suma la ausencia de zonas verdes y de sombra en los espacios comunes, así como de medidas de calefacción y refrigeración, que, en su conjunto, cercenan toda posibilidad de consolidar contextos educativos basados en la seguridad, el cuidado y la estabilidad, que son los únicos pilares que pueden promover la mitigación, adaptación y resiliencia contra el cambio climático en los centros.

Con todo, este camino de baldosas amarillas solo puede cimentarse a través de la vertebración, compromiso y actuación coordinada de las distintas administraciones competentes, con la implicación de la comunidad docente a la hora de incorporar todos estos valores a los currículos escolares y, de esta manera, crear un ecosistema educativo basado en pilares sólidos y sostenibles contra viento y marea, tormenta y calor.

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