Se acabó, don Santiago

Santiago Pérez, el pasado marzo, cuando era edil de Urbanismo de La Laguna. / A. G.

Parece que Santiago Pérez se ha quedado sólo clamando en el desierto. Su obsesión con Fernando Clavijo le llevó a recurrir la sentencia del Supremo que archivaba su denuncia por el caso Reparos contra Clavijo y varios concejales del que entonces era alcalde de La Laguna. El asunto venía de viejo, porque el jurista Pérez ya había fracasado también en su intención de empurar a Clavijo por el caso Grúas. Lo cierto es que, aunque el Supremo eliminó cualquier consideración penal de las planteadas por Pérez en ambos casos –Grúas y Reparos–, el primero cumplió su objetivo político, impedir que Clavijo resultara un candidato viable en las elecciones regionales de 2019, al estar formalmente imputado. La oposición de Ciudadanos a apoyarle para revalidar la Presidencia al estar imputado, frustró las posibilidades de un acuerdo entre el PP y los nacionalistas, y abrió la puerta a que Casimiro Curbelo respaldara al PSOE –partido que había ganado las elecciones– en el Gobierno del Pacto de las Flores.

Quizás convenga recordar que la intervención de Santiago Pérez con el caso Grúas resultó determinante para que en Canarias gobernara la izquierda. Dos años más tarde, con ocasión de la renuncia como senador del socialista Pedro Ramos, Pérez fue compensado por Ángel Víctor Torres eligiéndolo senador por la Comunidad Autónoma, en una decisión que fue polémica y mal aceptada por el PSOE. Santiago Pérez se había reafiliado oportunamente al partido dos meses antes, después de varios años de ser extremadamente crítico con los socialistas. Y siguió siendo afiliado del PSOE –que no acepta la doble militancia– y al mismo tiempo concejal de Avante, un partido local, por el que había logrado el acta de concejal en el consistorio lagunero. Lo cierto es que Pérez siempre ha actuado por libre, pero en los casos previos contó con el apoyo y asesoramiento letrado de Sandra Rodríguez, abogada y miembro de la dirección socialista, que –esta vez– no ha participado en la elaboración del recurso ahora informado negativamente por la Fiscalía. Según se ha informado, en el PSOE consideran que Santiago Pérez decidió unilateralmente recurrir el sobreseimiento de la causa –que no afecta ya a Fernando Clavijo sino a varios de sus colegas–, por su obsesión personal con el que fuera alcalde de La Laguna.

Esa idea –la de una obsesión recurrente– parece reforzada por la contundencia del escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que apoyó en su momento las iniciativas de Pérez, tanto en el caso Grúas como después en el caso Reparos, pero ha reprochado al exsenador sus críticas a la resolución del Supremo en un escrito de principios de la pasada semana. En ese escrito, el fiscal pide se desestime el recurso de Pérez contra el sobreseimiento de la causa. El fiscal anticorrupción, Antonio Romerales, parece perder la paciencia con Pérez: «Por enésima vez lo reiteramos, el Supremo ha manifestado que no se dan los elementos del tipo penal, dando por finalizado el procedimiento». El fiscal asegura que los argumentos utilizados por Pérez para plantear su recurso son tan erróneos como imprecisos, y justifica de forma contundente su decisión de no apoyarlo, explicando que la Fiscalía «en ningún caso, aspira a corregir al Tribunal Supremo en una resolución clara y además cualquier intento contrario está destinado al fracaso».

En su recurso contra el Supremo, Pérez había alegado que el archivo de la causa adolecía de la una explicación razonable y por eso no servía para aplicarlo respecto del resto de investigados, el exalcalde José Alberto Díaz, cinco exconcejales –tres del Coalición y dos del PSOE, entre ellos su archienemigo Javier Abreu–, además de tres funcionarios que resultaron también imputados. El fiscal asegura que él «no puede apoyar este argumento» -el de Pérez– porque «no es cierto que exista una explicación insuficiente o que el Tribunal Supremo no entre a valorar en profundidad los distintos hechos objeto de investigación». Romerales reconoce que la posición inicial de la Fiscalía fue apoyar el inicio de la causa contra Clavijo, José Alberto Díaz y el resto de los concejales y funcionarios: «distinto es que el enfoque dado por el Alto Tribunal no sea ni el esperado por la parte recurrente e incluso por la propia Fiscalía. Pero esta consideración nada tiene que ver con que el auto… no haya seguido un procedimiento deductivo ni una conclusión que, aunque no sea compartida, sea una interpretación posible, pero en cualquier caso es la interpretación que de esas irregularidades da el Tribunal Supremo».