Opinión | A BABOR

En cascada

Poli Suárez, uno de los responsables del PP en la Comisión negociadora del pacto entre el Partido Popular y Coalición Canaria, al acabar ayer la primera reunión pública de los negociadores, en el Parlamento de Canarias, dijo que no se puede «hablar de acuerdo en cascada porque en cada municipio hay una situación distinta». Viene a ser lo mismo que ha venido a decir Emilio Navarro, presidente del PP tinerfeño, que asegura que ellos –el PP– pedirán la presidencia del Cabildo, ya sea a Coalición como al PSOE. O lo que ha planteado el candidato del PP en Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, que advierte que él no negocia con fuerzas políticas sino con personas, y que si se llega a un acuerdo en la capital de la isla con Bermúdez, ese acuerdo sólo sirve mientras Bermúdez siga en la alcaldía. Aviso a navegantes.

Los tres dirigentes del PP interpretan una coreografía basada en la extendida idea de que los pactos en cascada son malos, porque coartan la libertad de los representantes del pueblo. No voy a entrar a discutir sobre las ventajas de acuerdos globales. Pero son los que (siempre) se producen tras las elecciones, en aquellos lugares donde es posible, de acuerdo con la regla primera de la negociación que asegura que lo que hay que hacer en donde se pueda es lo que ha decidido el partido. La segunda regla, a aplicar en los casos donde no se pueda aplicar la primera, es una adaptación de la famosa sentencia de Perogrullo: «lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible». Y lo que se hace cuando algo es de verdad imposible es negociar compensaciones.

La reunión de ayer en el Parlamento, abierta sólo para hacer las fotos, fue una pantomima: el acuerdo ya venía negociado, las líneas maestras, que coinciden con las ideas de Manolo Domínguez (y de cualquiera) llegaron precocinadas: sostener el Estado de Bienestar en las islas, mejorar la sanidad, los servicios sociales y el acceso a la vivienda, reforzar la educación para preparar mejor a la gente y competir en mejores condiciones por el empleo, reducir la desigualdad, desarrollar una política fiscal que promueva la economía, rebajar impuestos a personas y familias, defender el REF y el Estatuto de quienes pretendan bloquearlo, modernizar la Administración, apoyar la cultura y el deporte, e integrar la defensa del territorio, la sostenibilidad y la transición a energías menos contaminantes. El catálogo completo de las buenas intenciones de la agenda 2030, más la defensa del fuero canario frente al que gobierne la meseta, Feijóo incluido. Literatura política, porque los programas de Gobierno, al final, dicen todos lo mismo o muy parecido. La única diferencia significativa con lo que podrían haber suscrito el PSOE y Podemos está en un lenguaje menos woke y cómo tratar con los impuestos.

Pero lo que cuenta del pacto de gobierno entre el PP y Coalición es que ya está hecho. El miércoles –sólo unas horas antes de la reunión para foto de ayer– lo remataron al mediodía Manuel Domínguez y Fernando Clavijo, estableciendo el reparto de poder, que ese sí es distinto en cada gobierno que se precia: este contará con doce miembros y once consejerías –una más que antes, de nueva creación, para I+D, Investigación, Ciencia y Universidades– repartidas seis más la Presidencia para Coalición, y cinco más la vicepresidencia para el PP. Ya están decididos la mayoría de los nombres que ocuparán los principales cargos, aunque sólo se conocen los obvios, porque quien sale en la foto antes de tiempo puede quedarse fuera, y hasta la segunda semana de julio es muy poco probable que se pueda anunciar el Gobierno. Demasiado tiempo para rumores, pues.

Y también para ir rematando lo que de verdad cuenta del acuerdo, acordado hace algunas semanas en Madrid, si se daban las condiciones. Al final, con la colaboración de Podemos, que se hizo el harakiri con la ayuda de Alberto Rodríguez, se dieron las condiciones, y hay encajes que no tienen vuelta atrás: los tres Cabildos, la capital tinerfeña, y al menos una docena de municipios.

Eso sí, mientras, todo el mundo habla, todo se negocia, y sobre todo se negocia el encaje de los herreños, que tendrán consejería, y de los gomeros, que es muy posible que no la tengan, porque tardaron demasiado en apostar. Pero sí se sentarán en la mesa del poder. A Curbelo le preocupa más su Estrategia Gomera36, el perte gomero, que mantener a los suyos en Visocan, y ha pedido garantías de que si Feijóo llega a Moncloa, cumplirá el protocolo que firmaron Torres y él mismo con la ministra de Hacienda. A Curbelo le va en eso mantener su legado. Y le interesa más que tener otra vez un electrón libre en Turismo.

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