Las cosas de Luisi…

Carmen Luisi Castro, exalcaldesa de Guímar, conocida por una enorme sucesión de ocurrencias durante su mandato –desde pintar los edificios municipales color pitufo a pasear a las doñas de su pueblo por programas del corazón o llevarlas a un jolgorio con stripers– se descolgó el viernes en una emisora del Valle con una más que sorprendente propuesta electoral: la de derogar la ley de contratos del Estado, la ley que rige las contrataciones de las entidades públicas en todo el país. En realidad, luego aclaró que lo que pretendía al hablar de «derogación» es que la ley no se aplique en las contrataciones de los municipios. Cuando se enteraron en su partido de la propuesta de doña Luisi, todo el mundo puso cara de póker. Estamos en los últimos días de una campaña electoral que parece pintar bien para el PP y la exalcaldesa es candidata popular por Güímar. Nadie la ha desautorizado, y lo que se ha hecho es levantar un muro de silencio sobre un asunto que sonroja a todo el que lo escucha.

Pero la propuesta de Luisi no responde –como muchas otras suyas– a una ocurrencia peregrina. Es una ocurrencia, desde luego, pero fruto de la lógica aplastante de que si uno manda, pues está legitimado para eliminar todo lo que le incordia. La exalcaldesa no plantea modificar aspectos de la ley para simplificar procedimientos administrativos de contratación. Lo que ella quiere es que esos procedimientos –«que hay que utilizar hasta para comprar un tornillo»– no se apliquen. Pero este no va de tornillos, ni siquiera de alguno que se le pueda haber aflojado: esta propuesta absurda tiene que ver con el gasto irregular de varios millones de euros durante su mandato, que ahora, cuatro años más tarde y en plena campaña electoral (así de lenta e inoportuna es la Justicia), le pasa factura.

Doña Luisi no ha sido nunca fiel cumplidora de las normas de contratación que obligan a los poderes públicos. Eso a ella siempre se la ha traído bastante al fresco. Por eso la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife investiga estos días 35 contratos de obras públicas de la exalcaldesa, adjudicados justo al final de su mandato. Se trata de contratos a dedo de varias obras de asfaltado por más de medio millón de euros, y siempre a una misma empresa. Las facturas no fueron pagadas por el Gobierno siguiente, una coalición del PSOE y Coalición Canaria, por considerar que los trabajos facturados no fueron adjudicados conforme a derecho. La empresa recurrió entonces por la vía contencioso-administrativa, y el juez consideró que se había producido enriquecimiento ilícito por parte del Ayuntamiento, y sentenció el pago de las facturas irregulares, descontando el beneficio industrial. Pero también dio traslado del asunto a la Fiscalía, tras encontrar indicios de delito en la adjudicación de los contratos. Anticorrupción ha citado ya a declarar a seis funcionarios como testigos: el secretario (que ejerce también de interventor) y otros cinco técnicos, entre ellos el supervisor de los contratos.

La Fiscalía debe ahora determinar si existe responsabilidad por parte de la exalcaldesa, de funcionarios o de otros miembros del anterior gobierno municipal, entre los que parece haber tenido cierto protagonismo el hombre de confianza de Luisi, al que todo el mundo en Güímar conoce como el alcaldeso.

La sentencia indica que los contratos verbales están absolutamente proscritos en el ámbito de la contratación de las entidades públicas, por lo que todos ellos son nulos. Además, tampoco existe consignación del gasto ni expediente de contratación, que son obligatorios. Con evidente ingenuidad, la exalcaldesa reconoció haber contratado de palabra, alegando que tuvo que recurrir a contratos verbales porque era materialmente imposible llevar a cabo adjudicaciones por medio de concursos, dado que no había personal en el Ayuntamiento y era todo muy urgente. Doña Luisi firmó personalmente los albaranes de entrega del material de las 35 obras, que es el único documento que existe. Es también chocante que esos albaranes dupliquen los de otra empresa que también se ocupó del suministro de asfalto al Ayuntamiento por cantidades similares, y cuyos recursos siguen pendientes de sentencia en los juzgados de Güímar y Santa Cruz. Y además, no es la primera vez que la exalcaldesa acaba en los tribunales por sus contrataciones a dedo. Aún tiene abierta una causa por varios millones encargados irregularmente.

Para evitarlo Luisi propone derogar la ley de contratos. Y luego querrá abolir la propiedad, para así acabar con los robos…

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