Gómez vs. Pérez (y viceversa)

No voy a darle a la querella presentada el martes en el Supremo contra Santiago Pérez más relevancia de la que realmente tiene. Dudo que su recorrido judicial concluya en una condena, pero sí ejemplifica con precisión el dicho de que «quien a hierro mata, a hierro muere».

Resulta que el abogado Alfredo Gómez, concejal del Grupo Mixto de La Laguna (se presentó por Ciudadanos hace cuatro años, pero dejó el partido), fue destituido en julio de 2021 del cargo retribuido de presidente de la Comisión Especial de Transparencia, por presentar una denuncia contra el grupo de Gobierno. En la denuncia de entonces, comunicada en una rueda de prensa a la que se presentó acompañado por el PP y Coalición, Gómez denunciaba la existencia de irregularidades en contratos públicos por cerca de un millón de euros, contra el alcalde y cuatro de sus concejales.

La denuncia de Gómez coincidía sospechosamente con los argumentos de la presentada meses antes por Javier Abreu, conocida conventualmente como caso Layca, por el acrónimo creado por Abreu con las iniciales de los cinco ediles implicados. Todos los que nos ocupamos de estos asuntos entendimos que se trataba de una denuncia de refuerzo, respaldada por toda la oposición. El alcalde, de acuerdo con sus prerrogativas, le cesó fulminantemente, le retiró el sueldo, y además inició un expediente disciplinario para determinar si el concejal de Transparencia (un puesto tradicionalmente reservado a la oposición) había conculcado sus obligaciones. El expediente –fruto del empute del alcalde– no llegó muy lejos, pero Gómez fue convenientemente machacado por sus colegas del grupo de Gobierno, tal y como –por otro lado– era de esperar.

El concejal de Urbanismo de La Laguna, Santiago Pérez, fue uno de los más agresivos con Gómez en aquel lance, acusándole de presentar su denuncia sin haber solicitado previamente ni un solo documento oficial. Pérez pretendía resaltar la connivencia entre Gómez y su antiguo compañero Abreu –guardián durante sus años de común militancia en el PSOE, de alguno de los secretos de Pérez–, pero –desde hace años– enemigo confeso de su antiguo compañero, probablemente por eso de que no hay peor cuña que la de la misma madera. Sobre el origen de los papeles presentados por Gómez para documentar su denuncia, Pérez dijo que manejaba «datos inventados en el mercado negro», para señalar una suerte de triple conspiración montada por Gómez con Abreu y con el expresidente Fernando Clavijo, su muy particular obsesión.

Casi dos años después, replicando paso por paso la estrategia de denuncia por malversación y prevaricación que se ha convertido en el método clásico de Pérez para destruir a sus adversarios, Gómez ha presentado una querella contra él, calcada de las que Pérez lleva presentando durante años. Ha elegido Gómez además con certera precisión el momento adecuado para hacerle el mayor daño posible a Pérez: durante la campaña electoral.

También los motivos que justifican la querella parecen clonados de los que ofrece Pérez en las que presenta recurrentemente: Gómez le acusa de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y contratación encubierta. La querella cuestiona un total de doce contratos menores y un encargo de una guía turística, adjudicados sin publicidad de la licitación, dificultando intencionadamente la concurrencia pública y con fraccionamiento de contratos, por lo que estarían «viciados de nulidad». Lo más retorcido del asunto (y divertido, pura justicia poética) es que en su querella, Gómez recuerda que Pérez desempeña desde hace tres décadas «labores políticas en las que ha llevado a cabo una labor de oposición activa fiscalizando de forma minuciosa la contratación de los diferentes gobiernos», y asegura que dada la formación jurídica de Pérez, profesor de Derecho en la Universidad lagunera «resulta imposible tan siquiera» suponerle desconocimiento alguno de «estar cometiendo diversas irregularidades». El alumno supera al maestro…

A veces, la vida se manifiesta con curiosas simetrías. El abogado Gómez, después de varios intentos frustrados, ha demostrado que ha entendido que esto va de devolver todas las ofensas. Luego ya dirán los jueces si el asunto tenía calado o enjundia. Mientras, a Pérez le toca soportar con estoicismo la misma agonía con la que obsequió gratuitamente a sus enemigos. Porque «donde las dan… ¡las toman!»

El refranero está plagado de verdades. Son sentencias… no judiciales.

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