Otra más

Era un secreto a voces: la reforma del delito de malversación que el Gobierno regaló a sus socios de Esquerra Republicana, como presente prenavideño para alegrarles las fiestas a los líderes del procés, no se estaba aplicando en los tribunales españoles. El Supremo se opuso a aplicarla a los cuatro miembros del Gobierno catalán condenados por el propio Supremo en 2019. Es cierto que el delito de sedición ya no forma parte de las condenas de Junqueras, Turull, Romeva y la señora Bassa, porque la sedición ya no existe como delito, ha desaparecido del Código Penal tras la reforma exprés del Gobierno. Pero la Sala penal no entró en ese asunto, lo que hizo fue sostener la continuidad del delito de malversación agravada y no bajó las condenas de entre 12 y 13 años de inhabilitación a ninguno de los consejeros. El tribunal consideró que se mantiene el tipo de delito agravado aunque no haya enriquecimiento personal, porque el lucro no sólo se produce con el enriquecimiento personal, también con otras formas de favorecimientos al interés propio, de acuerdo con la doctrina jurídica asentada desde hace años sobre la malversación.

Ya esa decisión supuso un golpe a la intención del Gobierno de permitir que la cúpula del Gobierno catalán durante el procés pudiera volver a presentarse a las elecciones. El Gobierno había firmado «por utilidad pública» los nueve indultos de los presos catalanes que permitió su salida de prisión, pero aquél fue un indulto parcial, que no incluía la malversación, y condicionado a que no se cometiera delito alguno por parte de los indultados, en un período de cinco a seis años, según los casos. El indulto no fue suficiente, pues, para cumplir el compromiso adquirido por Sánchez con ERC de que los condenados podrían concurrir en las próximas elecciones. Por eso se planteó la reforma del Código Penal, que distinguía la malversación que se produce con ánimo de lucro de la que no persigue enriquecimiento personal. El PSOE explicó en el Congreso que cuando el delito no persiguiera enriquecimiento, se castigaría con una pena de un máximo de tres años de cárcel, muy inferior a los hasta doce años con los que se penaba la intención de lucrarse.

Ahora Bruselas ha decidido armonizar la definición jurídica de los delitos que tengan relación con la corrupción. Y ayer, la Comisión anunció una directiva unificadora que obligará a España a volver a endurecer las condenas por malversación, apenas pocos meses después de la muy polémica decisión de Pedro Sánchez de rebajarlas para facilitar la reincorporación a la política activa de los condenados por el procés.

Se trata de una bofetada en toda regla al Gobierno español, en un momento singularmente difícil, cuando falta poco más de una semana para que se inicie la campaña electoral con miles de ayuntamientos y varias regiones en juego. El indulto más polémico de la historia política española, que Sánchez negó reiteradamente fuera a apoyar, pero al final logró que su Consejo de Ministros aprobara por unanimidad, y que justificó ante sus votantes alegando haber actuado «en interés de nuestros hijos y nuestras nietas», volverá sin duda al debate electoral. Y también lo hará la reforma del Código Penal para poder adaptar la ley a las exigencias de los indepes.

Europa es especialmente sensible en las cuestiones que tienen que ver con la justicia. Los principales conflictos con los países miembros se han producido con frecuencia por negarse a aplicar las directivas europeas en materia de justicia. Cada vez que un país manipula un tipo penal presente en la legislación comunitaria, se produce de oficio por parte de la burocracia europea una intervención para determinar si el derecho nacional continúa en sintonía con las normas europeas. Tras el escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo, que acabó con una vicepresidenta de la Cámara en prisión, Bruselas anda empeñada en dar un mensaje de dureza contra la corrupción y el manejo irregular de fondos públicos. Por eso no sentó muy bien que España retocara a la baja tipos penales relacionados con la corrupción, y más aún cuando nuestro país asumirá la presidencia del Consejo el apenas dos meses y Sánchez (el impulsor de las rebajas a la malversación) tendrá que ocuparse de que la nueva directiva que endurece las penas por malversación de fondos públicos y otros delitos relacionados con la corrupción se imponga en toda Europa.

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