Los atajos de la vivienda

Pasado el fogonazo inicial es momento de mirarse en serio la ley sobre la vivienda que aprobó el jueves el Congreso de los Diputados. Quien apuesta por el progreso no puede por menos que alegrarse de que por primera vez se desarrolle este derecho reconocido en la Constitución y cuyo despliegue es de una gran complejidad, tanto por el entramado competencial que dibuja la misma Carta Magna como por la importancia de la vivienda como sector económico, desde el punto de vista de los promotores, de los constructores y los grandes y pequeños propietarios y desde el de los ciudadanos, en particular los más jóvenes, que tienen especiales dificultades en las llamadas zonas tensionadas.

La mayoría que promueve la nueva ley dice que se propone impulsar la vivienda a precio asequible y el alquiler social. Especialmente en el segundo aspecto, España tiene un importante margen de mejora para equipararse con otros países europeos con amplia tradición en la intervención del sector público en este ámbito.

La vivienda es un problema tan grave que no aguanta que se apliquen atajos para solucionarlo. Y eso es lo que hace la actual redacción si no se mejora. En primer lugar, conseguir los objetivos que se marca el mismo presidente Pedro Sánchez pasa por lograr un acuerdo con ayuntamientos y comunidades autónomas, que son los que tienen las competencias tanto sobre el suelo como sobre la vivienda protegida. Y eso requiere un ejercicio de política en su mejor sentido.

Esto es, acordar con quienes no piensan igual y contemplar no solo los intereses de quienes gritan más, en una u otra dirección, sino desde el análisis de las necesidades que tienen todos los afectados. Los que buscan piso, los que los promueven o los que tienen terrenos para hacerlo. Se trata de solucionar los desequilibrios y no de hacer demagogia tratando a todo un sector como si todos fueran fondos buitre o especuladores, cosa que no es así de ninguna de las maneras.

Seguir por este camino igual ayuda a los impulsores a mejorar sus resultados electorales el 28M, pero no aliviará el problema de los que buscan vivienda y no la pueden pagar incluso teniendo un empleo. La reserva de un porcentaje de las promociones para pisos sociales o el tope en los precios son un camino aparentemente rápido, pero el modelo europeo pasa por la promoción de viviendas públicas, ya sean de venta o de alquiler. Eso es más lento, más complejo, menos efectista, pero, sin duda, más efectivo.

Canarias ha sido pionera a la hora de recorrer este camino con consenso. Al iniciarse esta legislatura el Gobierno se propuso revertir la situación que se vivía entonces en el acceso a la vivienda, sin un plan en vigor. Canarias arrastra desde hace más de una década un grave problema con la vivienda por la escasez de nuevas construcciones, lo que ha llevado a que las Islas vivan una auténtica emergencia habitacional.

Los datos son evidentes. En Canarias hubo desde el 2012 a 2019 un incremento de la población en 70.734 personas y sólo se construyeron 56,5 viviendas protegidas cada año durante ese periodo. Mientras, en otras poblaciones como el País Vasco, con un incremento de 22.383 habitantes en el mismo periodo, se construyeron 2.266 viviendas protegidas cada año.

Por eso, desde los primeros meses, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda llamó a la participación de todos los actores implicados y de todos los grupos políticos para avanzar hacia un pacto autonómico por el derecho a la vivienda digna en Canarias, un pacto que se firmó en marzo de 2020 y que se convirtió en la hoja de ruta del nuevo Plan de Vivienda. Esta iniciativa impulsada por el consejero Sebastián Franquis para el periodo 2020-2025, con una inversión prevista de 664 millones de euros y con la que se van a acometer un total de 88.195 actuaciones de fomento de la vivienda en todas las Islas, tanto en construcción de nuevas viviendas protegidas, como en rehabilitación o en ayudas al alquiler a familias con pocos recursos, fue aprobada por unanimidad en el Parlamento.

En poco más de dos años de vigencia del Plan se han entregado ya 56 viviendas a familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda, se han puesto en marcha las obras de otras 124 casas protegidas y se están licitando los trabajos de construcción o de proyectos de otras 2.000. A estas hay que sumar las 300 viviendas a medio acabar que ha adquirido el Gobierno para finalizarlas. Por tanto, más de 2.400 viviendas que serán una realidad en 2025 para ser entregadas a las familias vulnerables.

Al margen de la especificidad de Canarias es importante también que esta ley de vivienda respete otros derechos reconocidos por la Constitución como es el caso del derecho a la propiedad y la libre competencia.

En todo caso es un proyecto demasiado ambicioso para ponerlo en marcha cuando solo faltan ocho meses para que acabe la legislatura. Sería necesario, en todo caso, un acuerdo entre quienes gobiernan o pueden gobernar en las distintas administraciones recordando que somos, constitucionalmente, una economía social, y de mercado.

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