La España vacía y la España a vaciar

Le Corbusier definió las casas como «máquinas para vivir», y se le acusaba de una definición descarnada. Esa condición maquinal suena como una aspiración romántica, ahora que las viviendas no son para habitarlas, sino para alimentar una ruleta inmobiliaria que sacrifica sin pestañear a los residentes en una espiral especulativa. La presión sobre los inquilinos y aspirantes a una vivienda es difícil de conciliar con la imagen de la España vacía, el socorrido fetiche de tertulia cuando no se sabe de qué hablar. Esa realidad ha sido suplantada por la España a vaciar, superpoblada y en la que «es el mercado, amigo» trabaja para desalojar a sus habitantes tradicionales en pro de la burguesía más acomodada de otros países.

La continuidad bajo un nuevo formato del mito de las dos Españas se sustancia en la convicción de que los grandes fondos inmobiliarios, porque buitres peca de redundancia, sufragarían con gusto el desalojo de los habitantes del litoral. No se habla aquí de deportaciones masivas al estilo de China con los uigures o de Rusia en Ucrania, sino del desahucio amistoso previo pago de indemnizaciones notables. A continuación, los expatriados serían sustituidos por una inmigración opulenta de otros países.

La demanda existe, el negocio está garantizado. Por desgracia, la evacuación de residentes se lleva a cabo en medio del salvajismo atolondrado, bajo la pretensión de que no será percibida por sus víctimas. En medio de este gran reemplazo a la inversa, porque los ricos desalojan a los menos afortunados, ha desembarcado el gobernante caracterizado por su audacia lindante con la temeridad. A quienes acusan al PSOE de llegar con medio siglo de retraso a una Ley de la Vivienda, habría que traducirlos en «Pedro Sánchez es el primero que se ha atrevido en décadas». Aunque sea a medias y con demasiadas salvedades.

Como de costumbre, los partidos autodenominados constitucionalistas reprochan a Sánchez que actúe a espaldas de la interpretación unilateral de la economía patrocinada por la derecha, excepto a la hora de recibir subvenciones. La recriminación obliga a la cita textual del artículo 47 de la Carta Magna, distribuido en tres mazazos. Aporrea de inicio que «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», y aquí los profesores con casa propia o heredada recuerdan que no se trata de una prioridad fundamental, vaya por Dios.

Si el «tienen derecho» apelaba únicamente a un deseo de prosperidad sin compromiso, sorprende el segundo puñetazo de los sumos legisladores que apuntala la expresión inicial. «Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho». La implicación talante coloca en una situación embarazosa a los eruditos. Como mínimo, defiende la intervención estatal al límite de considerarla obligatoria. De no haber casas para todos, una evidencia que no requiere mayor argumentación, los «poderes públicos» deben tomar medidas, salvo que ese concepto jerárquico excluya al Gobierno cuando no está en manos de la derecha.

Y todavía queda lo mejor, porque el artículo 47 despachado como una declaración de intenciones no comprometedora se remata con un manifiesto que hoy parece marxista leninista. Los «poderes públicos» deben facilitar el acceso a la vivienda «regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Es decir, el comportamiento opuesto al adoptado por Aznar, al declarar todo el suelo urbanizable salvo que se especifique lo contrario. La defensa de los partidos constitucionalistas debería ser que en ningún caso aprobarían hoy un texto con dicho contenido, que extirparían al igual que la palabra «nacionalidades». Del maquillaje a la amputación.

El verbo utilizado contra «la especulación» es definitivo. No se trata de frenar o moderar, sino de «impedir». Es decir, cancelarla, cuando ni Donald Trump se atrevería a declarar que la situación actual de la vivienda en la España a vaciar queda al margen de dicha plaga. Tampoco cabe dudar de que el rotundo infinitivo no sería incluido hoy por ningún partido en el espectro de Vox a PSOE, la misma coalición que ha impedido que fructifiquen las 18 propuestas parlamentarias sobre la Familia Real.

La vivienda comparada tampoco desmiente a Sánchez. Países tan poco sospechosos de chavismo como Suiza, Austria, Alemania, Estados Unidos (la mansion tax de California y Nueva York), Canadá o Singapur poseen legislaciones que facilitan la residencia a sus ciudadanos. Ya solo falta definir el grado de ciudadanía.

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