Desokupa: el fracaso del Estado de Derecho

Las declaraciones de principios, por mucho que rebosen belleza y buenas intenciones, si no se dotan de virtualidad y eficacia, se convierten en lo que vulgarmente se conoce como papel mojado. España, dice el artículo primero de nuestra Constitución, se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Un precepto que, hasta hace poco tiempo, hasta que comenzó a legislarse a golpe a tweet y en función de los criterios impuestos por el marketing, tenía plena vigencia.

Hoy, sin embargo, vemos cómo los cimientos de todo lo construido con esfuerzo y tesón se tambalean como si, bajo nuestras ciudades y campos, las placas tectónicas euroasiática y africana chocasen día y noche, en una grotesca danza premonitoria del desastre. Y es que el Estado, tan presente en la vigilancia constante de la moral, al igual que la Inquisición y el bueno de Tomás de Torquemada, parece habernos abandonado, a nosotros, los ciudadanos de a pie, en muchos de los asuntos que realmente nos preocupan.

Uno de ellos que, por su importancia, merece especial atención, es la seguridad, la nuestra y de la de nuestras familias. A los datos me remito. No a su análisis ni tratamiento, sino a los simples datos, números asépticos que nos proporcionan una clara visión de la realidad. La delincuencia ha aumentado. Las calles, sobre todo en algunas ciudades, como es el caso de Barcelona, son cada día menos seguras. Robos con violencia, hurtos, agresiones que devienen en lesiones, son la tónica habitual en los juzgados y tribunales. Y ello sin profundizar en la problemática creciente de los atentados contra la libertad sexual, que se suceden con una frecuencia preocupante contra las mujeres, incluso en la vía pública o en establecimientos de ocio nocturno.

Ni siquiera los domicilios particulares con puertas blindadas son seguros. En la zona alta de Barcelona, por ejemplo, ante la inacción de las administraciones, las comunidades de propietarios han tenido que organizarse y tomar iniciativas de diversa índole, en su mayoría privadas, para combatir el tsunami de robos con fuerza en casa habitada; es decir, para los legos en Derecho, con la finalidad de evitar que bandas organizadas entren en tu casa mientras duermes (o no), con el peligro que esto supone para quienes se encuentran en ese momento en su interior, adultos y niños.

Porque si la policía no actúa no es porque no quiera, sino, en primer lugar, porque carece de efectivos suficientes (a veces, una o dos patrullas para toda una ciudad) y, en segundo lugar, porque, al ser fuerza pública, depende de las órdenes de sus superiores, que no son otros que los políticos de turno, en su mayoría sólo preocupados por no perder su poltrona. Los cuerpos de policía de nuestro país, unos y otros, están compuestos por miles de hombres y mujeres sobradamente preparados, formados y con una vocación de servicio que ya quisieran quienes les atacan. Y los autores de estas críticas, al proferirlas, no hacen sino demostrar su ignorancia supina y su irresponsabilidad culpable.

Si el Estado no actúa en defensa del ciudadano, si no le protege ni le procura una existencia segura, aquél se verá en la necesidad natural de tomar las medidas necesarias para su autoprotección. Es lo que se conoce como la «autotutela». Y ésta, su mero planteamiento, y mucho más su generalización, implica el fracaso del Estado de Derecho.

Si los vecinos de un barrio, cansados de la delincuencia y de la pasividad de las autoridades, deben contratar a una empresa privada de seguridad, el Estado habrá fracasado.

Si un ciudadano, propietario de una vivienda que ha sido ilegalmente ocupada, como tiene que esperar meses para poder recobrar su posesión, si no ve otra posibilidad para acelerar el proceso que llamar a Desokupa, el Estado habrá fracasado.

Y esto, le pese a quien le pese, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, es lo que sucede en la actualidad.

El Estado existe para garantizar a los ciudadanos una serie de derechos. La Constitución lo ordena. De modo que exijamos lo que nos corresponde antes de que sea demasiado tarde. O, quién sabe, mañana el descontento podría ser tal que acabará por derrumbar en su totalidad los cimientos tambaleantes del sistema.

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