La política del disparate

Ya lo cantaban Los Charchaleros, allá lejos, cuando las macetas estaban de luto y la luna se reflejaba en cualquier charco de La Laguna. «La casa ya es otra casa y el árbol ya no es aquel». Y si todo era así, entonces ¿a qué volver? O sea. No vuelvas. O mejor dicho, no te vuelvas loco, porque ni siquiera te van a dejar volver. Resulta que la casa ya no es tu casa.

¿Cómo estaba la cosa en Canarias? Pues hasta ayer mismo se denunciaba la falta de viviendas en alquiler porque las familias ganaban más rentando sus pisos a los turistas. Esto, decían, estaba subiendo el precio de los alquileres y «tensionando» el mercado. Y, por último, los hoteleros entraban en la fiesta asegurando que se están «perdiendo» miles de camas turísticas. En realidad no es cierto. Las camas hoteleras no son las únicas que forman la oferta turística. No acepten pulpo como animal de compañía.

Para que vean el potaje que tienen liado analicen el paisaje: resulta que si te compraste un apartamento en una zona turística y alguien ha montado en el complejo residencial una «unidad de explotación», o sea, una empresa turística, no tienes derecho a residir en tu casa, porque la tendrías que dedicar obligatoriamente y por ley al alquiler turístico. Aunque no quieras. Serás parte de la «unidad» aunque no estés unido. Pero por el otro lado se han aprobado leyes que persiguen, acosan, limitan y ponen palos en las ruedas a que dediques tu casa al alquiler vacacional. ¿En qué quedamos? Pues en una de cal y dos de arena.

Cuando pasan al cobro el Impuesto de Bienes Inmuebles, la luz, el agua y otras hierbas, el que tiene que apoquinar es el propietario de la vivienda. El cangrejo propiamente dicho es el responsable de la caracola, pero solo a efectos de pagar. Quien decide lo que hay que hacer con ella son, por lo visto, otros. Lo que están haciendo quienes hoy nos gobiernan es demoler el principio del derecho de propiedad de los ciudadanos sobre sus viviendas. Lo hacen prohibiendo el alquiler turístico aquí y obligándolo allí. Lo hacen poniendo topes a los alquileres, que son un libre contrato entre partes. Y lo hacen metiendo la mano y la pata en el patrimonio que las familias han adquirido con el fruto de su trabajo y de sus ahorros.

El Gobierno de Canarias ha multado a una jubilada alemana que asegura llevar viviendo en su apartamento, en el Sur de Gran Canaria, unos treinta y ocho años. Según ellos la señora no puede vivir en su propiedad y establecen que debe ponerla en alquiler turístico. Seguramente los tribunales le pegarán un revolcón al Gobierno –otro– pero mientras tanto se perturba la vida de los ciudadanos y se les coloca en el disparadero. Un abuso.

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