Los titos

La trama corrupta chusca del tristemente famoso Tito Berni está poniendo nuevamente de moda en la opinión pública la corrupción política. Éste ha sido un asunto que ha preocupado hondamente a los españoles durante muchísimos años. Es cierto que no es patrimonio de un partido ni de otro, es algo que contagia a las organizaciones políticas como una moderna peste negra.

Estamos asistiendo a los juicios de varios casos de exdirigentes del Partido Popular, hemos visto cómo líderes catalanes se han enriquecido a costa de jugosas comisiones, han sido condenados también algunos ejecutivos del PNV y ha salpicado a miembros de partidos que se llamaban a sí mismos la nueva política, formaciones que nacieron precisamente como consecuencia y para resolver la corrupción que asolaba a los partidos tradicionales.

El volver a asistir a espectáculos de fiestas, drogas y prostitución resulta para la opinión pública algo verdaderamente desmoralizador. Y la solución no es contener los daños y el «y tú más» con que suelen reaccionar las organizaciones políticas.

A los partidos les resulta realmente difícil controlar la elaboración de listas y periódicamente se cuela algún garbanzo negro. Quizá los ciudadanos debamos aceptar eso como inevitable, seguramente debido a que la actividad política actualmente solo ofrece interés a personas de baja cualificación y escasas capacidades.

Quizá los procedimientos a implementar pasen, en primer lugar, por disminuir netamente la cantidad de políticos: es evidente que nuestro país no puede sustentar esta interminable nómina de «servidores públicos», la mayoría de ellos con escasa formación, altas ambiciones y escasa aportación al bienestar de los ciudadanos. Si fueran muchos menos se les podría remunerar mejor, porque aquí empieza el verdadero problema: el Presidente del Gobierno cobra algo más de 70.000 € al año, lo que resulta verdaderamente ridículo en los tiempos actuales. Para muchos políticos el sueldo es lo de menos, lo importante son las oportunidades que se les abren por los resquicios del sistema, y eso es lo que hay que atajar.

En segundo lugar habrían de reforzarse los controles para detectar las corrupciones y las corruptelas, disminuyendo el umbral de tolerancia a cero. Y se debería robustecer las penas del Código Penal para luchar contra esta lacra. Exactamente lo contrario de lo que ha hecho el gobierno del señor Sánchez, para satisfacer a sus socios catalanes, minorando las penas por malversación de caudales públicos, lo que es igual a corrupción política, porque el procedimiento más útil para luchar contra la corrupción es seguir el rastro del dinero.

Esta es la propuesta: muchos menos políticos, mucho mejor formados, mejor pagados, más controlados y penas más severas para la corrupción. Me temo que es exactamente lo contrario del ideario de los que nos gobiernan en la actualidad.

Aunque eso, queridos lectores, tiene un fácil arreglo en un sistema democrático como el que, afortunadamente, disfrutamos los españoles.

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