Exigir política

Nuestro producto interior bruto ha subido apenas un 1,2% anual de media desde 2007, y sin discutir las dos crisis arrolladoras vividas desde entonces, ha quedado claro la debilidad de los resortes de la recuperación canaria. Nuestro PIB per cápita es prácticamente el mismo que hace quince años. Nuestra productividad cae en picado –por año y por hora trabajada– desde finales del siglo XX. En los próximos cinco años se jubilarán más de 70.000 canarios y más de un tercio lo harán con pensiones no contributivas. Nuestras compañías siguen siendo microempresas incapacitadas de escalar económicamente. Nuestras universidades disponen para este año de presupuestos menores que en 2018 y casi el 70% se emplea en los gastos del personal. El gasto público en I+D+i sigue siendo menos de la mitad de la media de la Unión Europea; el gasto privado es casi inapreciable. No se ha producido un avance sustancial en la territorialización activa de una agenda de desarrollo económico y social que minimice nuestros riesgos y fortalezca las potencialidades de Canarias. ¿Qué es una agenda territorial? Se puede encontrar en un segundo en san google: es un instrumento que facilita y estimula organizadamente los esfuerzos de los distintos actores (públicos y privados), en la atención de potencialidad, vocación productiva y necesidades de un territorio específico. Porque de facto no existe una estrategia de política económica para Canarias y menos aún una propuesta de re-inserción en la internacionalización económica y su papel vecinal junto a un Marruecos cada vez más fuerte, cada vez más militarizado y mejor apoyado por la Unión Europea y los Estados Unidos. Un mosaico de economías insulares que, avanzado el siglo XXI, siguen sin articular un mercado regional. Tenemos un solo establishment pero dos élites empresariales distintas –cada uno en su espacio territorial y económico– cuya salud financiera, cuya misma supervivencia como clase depende de los presupuestos públicos, y, en especial, del Gobierno de Canarias, archipiélago de connivencias y vasos comunicantes con los efectos imaginables en el sistema económico –rentismo y extractivismo– y en las estructuras institucionales de una democracia representativa que a veces parece pura mitología. ¿Cuál es nuestra competitividad en términos no exclusivamente turísticos? No existe siquiera una imaginación urbanística para vivir en el espacio insular y no contra el mismo: nuestras costas y medianías son en buena parte un muestrario espantoso de construcción y autoconstrucción a salto de mata.

Todo lo mencionado forma parte de lo que debería ser el debate político del país pero que o se excluye o solo se alude vagamente en la conversación pública. No escuchará nada de esto –al fin y al cabo, la vida que vivimos y las razones que la explican– en la precampaña y en la campaña de las elecciones autonómicas y locales del próximo mayo. Y eso que podrían empezar por ellos mismos. Por la mejora de la calidad institucional de la Comunidad y de las islas. Por una reforma de la administración autonómica, lenta, torpe, pesada, ineficiente, envejecida, a la que sirven los ciudadanos y no al contrario. Por cambios que obstaculicen la oligarquización de los partidos y la profesionalización de la política. Por normativas y exigencias procedimentales que dificulten intermediarios y corruptelas cotidianas, que abran más el acceso informativo a la acción sobre el territorio, que entiendan que asumir la responsabilidad política y dimitir no es una opción, sino una obligación cuando tus subordinados han sido unos sinvergüenzas. No admita usted que le hablen al corazón, que le inviten a una exaltación emocional, que se le presenten como uno de los suyos. Pídales análisis y propuestas a los candidatos y no tolere el peloteo, la confianza, las sonrisas o las lágrimas. Exija una política, no una telenovela.

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