Una coalición bichada

Si lo de ayer en el Congreso de los Diputado fue un durísimo golpe para la coalición del PSOE y Unidas Podemos –solo hay que escuchar las mutuas descalificaciones que se entrecruzaron en la toma de consideración de la reforma parcial de la ley de Libertad Sexual– lo de esta tarde será una verdadera guerra simbólica en las manifestaciones feministas de la jornada. El movimiento feminista está roto y lo han malherido deliberadamente desde las administraciones públicas. Personalmente creo que UP ha tenido su merecido. Es absolutamente intolerable que después de cinco, cinco meses, Irene Montero y sus compañeros no hayan encontrado la suficiente flexibilidad política para asumir una reforma técnica imprescindible si no se quiere que aumenten día a día los delincuentes sexuales que se acogen a la revisión (a la baja) de sus condenas. Es patético que se llame al Código Penal de 1995 el código de La Manada, cuando fue votado no solo por el PSOE e Izquierda Unida, sino por la mayoría de los socios actuales del Ejecutivo (el PNV, ERC, Ciu, el PAR y fuerzas como EA y Coalición Canaria). Tanto los socialistas –aunque parezca inverosímil– como UP utilizaron el llamado caso de La Manada –la violación de una joven por un grupo de canallas durante unas fiestas– para trompetear que el sistema jurídico desprotegía a las víctimas de violencia sexual y obliteraba su consentimiento. Es algo absoluta y ridículamente falso. Yo escuché a cargos ministeriales y a diputados –también en Canarias– que los procesados habían escapado de rositas porque la audiencia que los juzgó no los había condenado por agresión, sino por abuso sexual. Lo cierto es que fueron condenados a nueve años de prisión, y después de recurrir en sucesivas instancias el Tribunal Supremo revisó la sentencia y decidió condenas entre los 15 –la menor– y los 23 años de cárcel –la mayor–. Condenas basadas, asimismo, en el Código Penal de 2009.

Lejos de banderías partidistas y obcecaciones ideológicas pueden encontrarse monografías y artículos publicados en los últimos meses que diagnostican con la suficiente precisión los fallos de la ley –que también cuenta con algunas aportaciones valiosas–: desde la desaparición de los dos tipos delictivos (agresión y abuso) y su sustitución por una única figura, pero distinguiendo grados de condena, hasta la fragilización de la presunción de inocencia como principio jurídico fundamental. Si la ley es defectuosa, su apología resulta aun peor, porque parte de la criminalización de los hombres y la victimización de la mujer. Este discurso posfeminista –está más ligado a las obsesiones de la teoría quer que a los valores tradicionales del feminismo– sostiene que el centro de la acción punitiva no es un acto, sino el género. Es un discurso democráticamente peligroso y que ha contaminado el texto legal para, finalmente, no resolver con mayor eficacia ni eficiencia el problema social que venía a corregir penalmente. Ayer, en la Cámara Baja, fue de nuevo muy penoso escuchar retóricas de activistas adolescentes y no de políticas maduras que cobran cada día del Estado en los bancos de Unidas Podemos.

Y sin embargo la coalición gubernamental no se romperá. Porque UP necesita afrontar las próximas elecciones autonómicas y generales desde los recursos, la visibilidad y (en su caso) la rentabilidad política de ocupar varios ministerios. Exactamente igual que en Canarias, donde Podemos no ha pedido ni media decisión a favor de una investigación exhaustiva y una asunción de responsabilidades políticas por el caso Mediador. Tampoco es una novedad. Qué melancólica es siempre la izquierda cuando llegue al poder. Qué rápidamente pasa de arreglar el mundo con las palabras a proteger su mundo con el silencio.

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