Opinión

El despido disuasorio

La vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz.

La vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz. / PHOTOGENIC/EUROPA PRESS

Cuando se quiere rizar el rizo de lo ineficiente, va alguien y se inventa «el despido disuasorio». Una figura que acuñó la judicatura catalana para que, ahora, sindicatos y ministerio, como una piña, lancen a los cuatro vientos que el importe del despido improcedente puede venir complementado, de manera discrecional, por una indemnización suplementaria cuando su importe parezca escaso.

O sea, que una persona que lleve trabajando 3 meses en una empresa y se despida como improcedente con la indemnización legal de, digamos 900 euros, se le puede mejorar en 4.000 euros solo porque la cantidad es exigua.

Así, en vez de disuadir para despedir en las empresas, acumulas a las relaciones laborales en este país una inseguridad jurídica y económica que, no solo asustará al inversor, sino que disuadirá de contratar por los riesgos que conlleva.

No nos olvidemos tampoco que, en España, el periodo medio de indemnización por despido para una antigüedad de 4 años es de 80 días y el de una antigüedad de 20 años, esa indemnización por despido asciende a 360 días.

La mayor, con diferencia, de toda la OCDE.

Con estos incrementos improductivos: Salarios improductivos afectados por la inflación, indemnizaciones, costes laborales, cargas regulatorias, economía sumergida y absentismo laboral, vamos abocados a una economía intervenida de espaldas a la realidad, a la seguridad jurídica e incluso a la viabilidad de los proyectos de inversores y emprendedores.

Mientras tanto, la reducción de la fiscalidad, o la liberación de los fondos europeos para atraer inversión y empleo, duermen el sueño de los justos en Canarias, mientras en la Comunidad de Madrid te deducen un 60% del IRPF a aquellas personas que inviertan y desde Canarias observamos como se recentralizan y potencian los incentivos fiscales lejos de las Islas.

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