La conciencia tranquila (y el fiscal también)

Llevo más de cuarenta años en este oficio (demasiados) y nunca jamás de los jamases he leído un auto de una jueza de instrucción que haga pública su discrepancia con la fiscalía de una forma tan contundente y taxativa como la que ayer usó la magistrada Lorenzo-Caceres Farizo. A ver: resulta que el fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife se opuso ayer a la prisión preventiva para el tío Berni, al considerar que no existe riesgo alguno de que el otro cabecilla de la trama Mediador –junto al general Francisco Espinosa– se fugue o destruya las pruebas.

La jueza opina justo lo contrario: manifiesta en su auto –divulgado por la oficina de Prensa del TSJC, tras la decisión del fiscal de no solicitar prisión preventiva– que en el momento actual del procedimiento sí existe riesgo de destrucción de pruebas. La jueza explica que aún no se ha podido realizar un análisis exhaustivo de los dispositivos confiscados y de los demás efectos y documentos que fueron intervenidos en la docena larga de registros que se han realizado ya en este caso. Y que esas pruebas podrían ser destruidas o manipuladas si el exdiputado no ingresa en prisión. La jueza no se limita a decir eso: explica que está «en contra de lo informado y de la valoración realizada en Sala por el Ministerio Fiscal», y que «sí existe peligro de destrucción de fuentes de prueba, dada su posición [la de Juan Bernardo Fuentes] en las islas, su vinculación con la política y este entorno desde el año 1994, sus distintos cargos políticos y sus amplias relaciones», que «aconsejaban su ingreso en prisión y no su puesta en libertad», que puede llegar a frustrar la investigación en marcha. Ozú. Para rematar, la jueza aclara que si decreta la libertad provisional de Fuentes Curbelo «es por imperativo legal», «en discordancia absoluta con lo solicitado por el Ministerio Fiscal», y porque no puede dejar de hacerlo «en estricta aplicación del principio acusatorio», es decir, del respeto a las competencias del fiscal en el procedimiento.

En fin, que no es nada frecuente una manifestación de desacuerdo tan contundente en un auto de la instrucción. Eso se suele reservar para los votos particulares sobre las sentencias, no para hacer públicas y patentes las diferencias de criterio de jueces y fiscales.

Es lógico preguntarse qué ha llevado al fiscal –un funcionario público sometido al principio de jerarquía– a imponer la libertad provisional de un exdiputado del que –solo en los cuatro últimos días– ya hemos visto y escuchado absolutamente de todo. La sórdida casposidad de las foto-pruebas entregadas por el soplón (sorry, quise decir colaborador con la justicia Navarro Tacoronte) dejan poco espacio a la duda razonable sobre el comportamiento de tío Berni. Es probable que algunos malvados (yo entre ellos) pensáramos que ante las puertas de la prisión el tito también se habría arrugado. Incluso planteado la posibilidad de pendulear al estatus de colaborador, y habría empezado a largar complicidades (y/o) connivencias.

Pero eso –que solo pensamos los malvados– no va a ocurrir: tras salir libre en contra del criterio de la jueza, el exdiputado ha insistido en que tiene la conciencia muy tranquila, porque él es inocente.

La conciencia tranquila… la jueza le acusa de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, los mismos delitos por los que se investiga al general Espinosa. Sería razonable pensar que uno y otro acabarían siendo tratados igual. Claro que el general Espinosa a lo peor tenía menos cosas que contar. Tito Berni debía saber más, no necesariamente delictivas, pero sí abochornantes: ahora dicen que era un diputado al Congreso anodino, que nunca fue socialista… pero no solo era socialista viejo, era sanchista declarado, cuando cesó ejercía de portavoz adjunto en las comisiones de Hacienda y Función Pública y de Industria, Comercio y Turismo, de vocal para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y de secretario de la comisión parlamentaria de control de RTVE. Como hombre de confianza de Blas Acosta, había sido responsable de las últimas campañas electorales del PSOE majorero –donde manejó dinero–, y tío de su heredero en la Dirección General de Ganadería, y hermano del actual director insular del Gobierno en Fuerteventura. En fin, que algo debía saber, además del nombre de unos cuantos restaurantes y locales madrileños con reservado.

De momento, la jueza se ha quedado con las ganas. Al menos lo intentó: ella sí puede tener la conciencia tranquila.

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