Corrupción y silencio

Hace cinco años, el PSOE presentó una moción de censura que debía servir para «librar al país de la vergüenza de ser gobernado por un partido corrupto», en referencia al PP del portavoz socialista en el Congreso. La Audiencia Nacional había condenado al PP por lucrarse con los negocios golfos de Francisco Correa, en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. La Audiencia demostró ese lucro, y que el partido utilizó mordidas para pagar eventos, condenando al PP a pagar poco más de 200.000 euros. El PSOE presentó entonces su moción de censura, a la que se sumó toda la oposición de izquierda más los grupos independentistas, y que –tras el viraje de última hora del PNV– forzó la caída de Rajoy y su sustitución por Sánchez.

Año y medio después, medio PSOE andaluz fue condenado por los ERE, con dos presidentes socialistas de la Junta de Andalucía, una ex ministra y más de una decena de consejeros, viceconsejeros, y miembros de la Junta cargando con penas graves de prisión o inhabilitación. La sentencia fijó en 680 millones el dinero destinado a prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis, repartido de forma irregular por la Junta entre 2000 y 2009, sin poder establecer cuanto del total de ese dinero fue destinado fraudulentamente a personas e empresas afines al PSOE porque «el sistema utilizado fue montado para evitar los controles». De ese dinero, a finales de 2022, se habían recuperado apenas unos 21 millones…

Sorprendentemente, el caso ERE no se saldó como ocurrió con el caso Gürtell con una descalificación pública del PSOE por corrupción sistémica –a pesar de haber pringado a toda la estructura de Gobierno del PSOE andaluz–, sino con una condena probablemente excesiva a José Antonio Griñán, por no haber impedido que pasara lo que pasó. El PSOE se quitó de en medio y salió de rositas, sin purgar por uno de los casos de corrupción que más daño ha causado a las arcas públicas en la historia del país.

Ahora, tanto Coalición Canaria como el PP –que ya ha solicitado explicaciones al Gobierno de Canarias y va a llevar el caso al Congreso–, quieren convertir nuestro pedestre caso Mediador en un alegato frontal contra la limpieza y honestidad del PSOE canario.

En la mayoría de las ocasiones, las cosas suelen ser lo que parecen ser: y la trama del caso Mediador no parece ser un asunto orquestado por el PSOE, ni destinado a favorecer al partido o a gente próxima al partido, sino una golfería montada por dos afiliados majoreros –tío y sobrino– que empezaron extorsionando un poquito a cuatro ganaderos, y acabaron enganchados a la industria extractiva de un talentoso general de División de la Guardia Civil, preocupado por quedarse a cuatro velas con su paga de jubilación de solo 2.500 pavos. Más que un asunto que define comportamientos de partido, la trama Mediador nos muestra que en todas partes –en todas– cuecen habas.

Su instrumentalización política lo que va a demostrar no es la corrupción estructural del PSOE canario, algo que no existe, sino la falta de escrúpulos de muchos de los que se acercan demasiado al poder, sean políticos, empresarios o funcionarios públicos. Entre los implicados hasta ahora hay dos socialistas majoreros, un conseguidor que ya había hecho antes de las suyas y se libró de la trena por colaborar con la justicia, un guardia civil avaricioso, y unos cuantos empresarios avispados que querían saltarse procedimientos y listas de espera. La Justicia ya ordenará la jerarquía delincuente de este elenco y de los que puedan aparecer aún. Pero este no parece un circo del PSOE, como sí lo fueron los ERE, o como lo fue del PP el Gürtell.

Eso no quiere decir que no existan responsabilidades políticas, además de las judiciales. A mí me escaman dos cosas: una es el cese fulminante de Taishet, y la otra que luego eso no impidiera presentarlo a la alcaldía de Antigua. Estoy convencido de que fue cesado porque llegó información al Gobierno advirtiendo que el director general llevaba meses siendo vigilado por la policía. Es poco probable que en una investigación con un general de División en danza, y en la que estaba implicado el Ministerio de Interior, no se produjera alguna filtración. Y la otra responsabilidad es la recolocación –medio año después de su cese– del cesado Taishet como presentable candidato a una alcaldía. ¿Qué padrino tiene en el partido en Fuerteventura este hombre? ¿Quién hizo que se olvidaran de su cese «por pérdida grave de confianza»? ¿Quién manda tanto en el PSOE de Fuerteventura hasta el extremo de poder convencer al secretario general?

Mediador no son los Ere ni el Gürtell. Pero nos deja alguna pista de cómo los partidos premian el silencio.

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