Opinión | A BABOR

Marco Antonio, el locuaz

El empresario majorero Marco Antonio Navarro Tacoronte ha reconocido ser quien conectó las partes implicadas en la trama del ya bautizado como caso Mediador

El general de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

El general de la Guardia Civil Francisco Espinosa. / ANDRÉS CRUZ

Theo Hernando es secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos desde hace dos años. Ayer calificó la trama del ya bautizado como caso Mediador como propio de la mafia calabresa, pidió que alguien asuma su responsabilidad por el nombramiento de Tayshet Fuentes como director general de Ganadería en monárquica sustitución de su tío, y remató reconociendo que –a pesar de que nadie pudiera imaginar el alcance de lo que estaba ocurriendo con las subvenciones ganaderas– «se sabía» que estaba pasando algo raro. «Se sabía», ha dicho. Hernando manifestó también su comprensión ante el delito cometido por los granjeros que pagaron las mordidas para evitar ser sometidos a la inspección del Seprona, alegando que hicieron lo mismo que habría hecho cualquiera que hubiera sido amenazado por la mafia. Yo creo que Hernando tiene razón: no debiera ser lo mismo pagar por obtener un privilegio –conseguir subvenciones europeas para colarse en la ZEC, por ejemplo– que pagar por protección, por miedo a que te empapelen y cierren tu negocio.

Y es que la trama organizada por el empresario majorero Marco Antonio Navarro Tacoronte –ha reconocido ser quien conectó las partes implicadas– se movía al menos con dos procedimientos. Uno era el estilo elegante, el tradicional en la corrupción: cobrar por facilitar beneficios. El otro era el estilo mafioso, menos frecuente en estas latitudes, que consistía en cobrar por protección, por no llevarte a la ruina. A juzgar por la decisión de ingresar en prisión al general Espinosa, y dejar al resto de los detenidos volver a casa con cargos, parece lógico suponer que era Espinosa quien estaba en la cúspide de ambas ramas del tinglado, al que –parece casi de libro– se añaden los consabidos episodios de relax y esparcimiento.

Lo más asombroso del asunto es que todo este basureo se conoce gracias a la decidida colaboración de un protagonista locuaz, que fue el que juntó en el negocio al general, al tío diputado y al sobrino que heredó su nombramiento para organizar el ordeñe ganadero. Ese personaje dado a cantar lo que sea necesario es el propio Marco Antonio, que es quien ofrece las pruebas de más de medio millar de archivos de móvil –audios, fotos, videos, papeles– que destapan todo el tinglado conocido hasta ahora y puede que alguno más no conocido aún, como el que se cuenta que afecta a una senadora del reino. Ya sabemos que Marco Antonio entrega sus teléfonos para demostrar que él no era culpable de la estafa de chicha y nabo –unos 3.000 pavos– de la que le acusaba el director de Deportes del Cabildo de Tenerife, que él había actuado de común acuerdo con su denunciante. Llegados al punto de tener que presentar las pruebas que le exculpan, saltaron las otras, y los saraos sicalípticos y el desenfreno narcótico, y de ahí a la negociación para colaborar y contarlo todo a cambio de quedar libre. Llueve sobre mojado: no es la primera vez que el conseguidor Marco Antonio larga lo que haga falta para librarse de acabar en el trullo.

Marco Antonio ya fue imputado en 2003 en el llamado caso del inspector, en Fuerteventura, y acabó –como ahora– de testigo protegido en el proceso donde se acusaba al inspector Antonio Domingo Cabrera Marichal y a varios agentes y civiles, por asociación ilícita, robo con fuerza, robo con intimidación, falsedad y falso testimonio en juicio. El inspector se había asociado con Marco Antonio, que era su confidente principal y al que –al decir de la fiscalía– daba cobertura en sus robos y trapicheos. El juicio fue todo un acontecimiento en Puerto del Rosario, porque implicaba a policías y gente conocida vinculada a Marco Antonio. Cabrera Marichal logró escabullirse entonces, primero por defectos de forma en el proceso y en la revisión del caso por falta de pruebas, y Marco Antonio –que puso valerosamente tierra por medio– también salió de rositas. Por cierto, que el inspector acabaría expulsado del cuerpo quince años más tarde, tras ser nuevamente procesado como cabecilla del clan de los Marichales en el juicio de la Operación Botavara, un caso de narcotráfico policial, que sumó 23 imputados acusados de amenazas, detenciones ilegales, torturas, tráfico de drogas, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Y esta es esa parte de la historia: Marco Antonio, el amigo de los Fuentes, se ha labrado una sorprendente carrera como delator de altura. Yo sospecho que logrará librarse también esta vez de la trena: hay quien dice que además de los vídeos que guardaba en los teléfonos que entregó a la policía, conserva otros que podrían incordiar a gente de peso y nivel. Y no a la gente que en su día eligió codearse con alguien tan escurridizo y cantarín. No a esa: a la que supo de la existencia de los vídeos, ya en junio de 2022, cinco meses después de que el asunto fuera conocido en el Ministerio del Interior. 

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