Financiar el bienestar

El otro día participé en un programa de televisión (El Debate de TVE en Canarias) en el que se discutieron las políticas relacionadas con los ancianos –residencias, cuidados, dependencia–, que obviamente son cada día más en el archipiélago. En los próximos cinco años se jubilarán alrededor de 70.000 ciudadanos en las islas: ya ha comenzado la despedida laboral de los pibes y pibas del baby boom. En el plazo de poco más de una década la demografía canaria cambiará sustancialmente –ya lo está haciendo– con un enorme coste económico en sanidad, en dependencia, en pensiones y en todas las políticas de cuidados, sin contar con que la esperanza de vida ha aumentado. La vejez no es ya, para la mayoría, un suspiro prefunerario.

Diez o doce años es un horizonte temporal cortísimo para realizar diagnósticos y decidir modelos de intervención y programas eficientes y eficaces que cada vez deberán ser más transversales. Estaban presentes en el debate Gemma Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, e Isabel Mena, consejera de Políticas Sociales del Cabildo de Gran Canaria. Dos políticas sólidas, con conocimiento detallado del sector y que le echan todas las horas disponibles (y a veces más) al curro. Por supuesto que apuestan por la renovación de los modelos vigentes. Hablaron con entusiasmo de la teleasistencia, de la asistencia a domicilio, de los cuidados realizados por los propios familiares, como antaño, pero ahora con un reconocimiento formativo y salarial por parte de las administraciones públicas. Todas estas nuevas herramientas y pautas desterrarán a corto plazo modelos y usos del pasado, como las residencias o centros sociosanitarios, aunque tanto Martínez como Mena reconocían que debería continuar el esfuerzo para llegar a una ratio de plazas razonable, lo que significa casi duplicarlas.

Servidor estaba encantado pero me sentí obligado a preguntar por la previsión financiera de un sistema todavía en construcción y sin un diseño institucional y organizativo perfectamente claro donde la colaboración interadministrativa debe ser sistemática (y hoy está muy lejos de serlo). La consejera Mena me contestó que no habría que preocuparse porque el sistema sería sostenible económicamente. La viceconsejera Martínez incluso apuntó que las políticas de cuidados suponen un elemento de dinamización económica y crean riqueza y todo. Siento disentir. Si el sistema final no está claro –y no lo está– ¿cómo se pueden evaluar sus costes? Creo que alguien comentó que si se atendía a un anciano con problemas de movilidad o trastornos cognitivos no graves en su casa, sin necesidad de ocupar una plaza en una residencia, se ahorra una cama o la comida. Pero es que su comida, sus pijamas, sus medicinas y su cama las mantiene el sistema público de pensiones. Porque además queremos la mejor medicina en diagnósticos y en intervenciones quirúrgicas. Y queremos también –por supuesto– una renta ciudadana que se pueda combinar con otras ayudas públicas, incluyendo el ingreso mínimo vital. Y recuperar los viajes del Imserso. Y que por supuesto las medicinas sigan siendo gratuitas o semigratuitas. Me causa estupefacción. Nada de esto podrá sostenerse con fondos europeos –son extraordinarios– sino a través de los impuestos por cada vez menos trabajadores con salarios menos que mediocres. El PIB de Canarias ha crecido como media menos de un 1% anual en los últimos quince años (la crisis de 2008 nos devastó y el covid goleó de nuevo una economía terciarizada). ¿Los británicos, franceses o alemanes sufren convulsiones por la crisis de su Estado de Bienestar y a nosotros, mucho más pobres, tenemos todo pago? El principal problema de Canarias es ese: crear una riqueza y prosperidad sostenidas para financiar un sistema de protección social sostenible que sepa repartir el bienestar entre todos.

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