Un consenso urgente

En el Gobierno de Canarias se recibe entre muy mal y fatal el análisis cualitativo de su gestión, especialmente en materia económica y social. Lo más sorprendente que escuchamos la media docena de gatos más o menos despellejados que cuestionamos la edulcorada postal socioeconómica de Ángel Víctor Torres y sus cuates es que hacemos propaganda opositora, cuando todo el discurso gubernamental es un incansable ejercicio propagandístico siempre mendaz y a veces estúpido. Es lo que tiene tener como consejero de Hacienda a un licenciado en Medicina que jamás ha sido médico y como consejera de Economía a una licenciada en Historia sin mayor idea de matemáticas: son incapaces de sostener un relato verosímil y optan por mentiras sin sintaxis, es decir, por titulares. Cuando a este gente se le repite, porque al parecer no lo asumen, que no se han preocupado de diseñar e impulsar una política económica se sulfuran, pero es exactamente lo que ha ocurrido. Solamente pensaban en redistribuir, entiéndase, en gastar, porque gastando más –en educación, en sanidad, en políticas sociales– se arreglaba todo. Se encontraron con una crisis imprevista, la pandemia del covid, pero a la postre les sirvió de estímulo para aumentar el gasto, porque supuso más recursos financieros gracias a los fondos extraordinarios que llegaron de la UE y de Madrid, a la suspensión de las reglas de gasto y, para colmo, al aumento de los ingresos fiscales gracias a una inflación sostenida. Una administración de nuevos ricos durante tres años difícilmente prorrogables. Irresistible para la élite política: abrillanta su ideología progresista y fideliza votantes al mismo tiempo. Es una lástima que pretendan convertir en gasto estructural una parte sustancial del gasto que solo pueden implementar gracias a recursos extraordinarios. Porque el reajuste será duro y lo pagarán, obviamente, los de siempre.

En un reciente reportaje publicado por El Día M.A. Montero explicaba con datos oficiales que Canarias, pese al impresionante crecimiento del empleo en 2022 (olvidemos por un instante el porcentaje de empleados públicos y de fijos discontinuos) es más pobre e improductiva que a finales del año 2019. No es la pandemia vírica, sino una patología económica, social y, en último término, política. El problema no es que este país no haya recuperado aun el PIB de 2019. Es que el PIB de 2019 (unos 47.000 millones de euros) es apenas un 10% superior al de 2008 (42.300 millones), lo que supone una media de crecimiento inferior al 1% anual. Y lo que es más significativo: el PIB per cápita de 2019 es casi idéntico que el de 2007. Nuestra productividad es la crónica de un desastre anunciado, como detalla Montero, y la capacidad de nuestro tejido productivo de crear valor añadido ronda lo patético. Realidades que nadie incorpora al discurso político dominante en Canarias, y menos que nadie, las izquierdas, que a buen seguro atribuirían esta situación – la verdadera crisis sistémica del modelo económico del archipiélago con sus consecuencias en desigualdad, exclusión social, empobrecimiento de unas clases medias a punto de dejar de serlo– a las malvadas oligarquías, al turismo diabólico o a la inmigración, y no a las decisiones que tomamos día a día, a nuestros empresarios y sindicatos, a los políticos que votamos o a lo que nos dedicamos para vivir o sobrevivir.

Esto no da para mucho más. Un país con este crecimiento menesteroso que no crea riqueza, castiga la creatividad empresarial e impide empleos de calidad es inviable a medio plazo. Es igual quien gane las elecciones de mayo: quien sea debe liderar la búsqueda de un consenso programático para ejecutar las grandes reformas: en las administraciones públicas, en la enseñanza (y en especial en formación profesional y universidades) y en la territorialización de la acción económica: tres pasos imprescindible una diversificación económica basada en la innovación y el conocimiento.

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