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Limón & vinagre

Jorge Fauró

Rocío Monasterio: La intrusa

Rocío Monasterio: La intrusa. EP

Hay algo en la fisonomía de Rocío Monasterio Sanmartín (Madrid, 1974) que le asemeja a Esperanza Aguirre: ambas son de labio fino. Según los expertos en lectura de rostros, se trata de personas algo tímidas, generalmente solitarias y que no dependen en gran medida de los demás. A menudo esta cualidad de la personalidad les invita a tomar decisiones sin calibrar sus consecuencias. Y no es que antes de adoptarlas no hayan previsto los pros y los contras. El fin, y no los medios, es lo evaluable. A ambas se les presupone inteligencia y capacidad de análisis. Sencillamente, consideran daños colaterales el desenlace de sus acciones si estas cumplen el objetivo para el que se pusieron en marcha. Pregunten a cualquier fisonomista.

La lenguaraz dirigente de Vox, presidenta del partido en Madrid, portavoz parlamentaria de la Asamblea de esta comunidad y próxima candidata de la ultraderecha a relevar a Isabel Díaz Ayuso –bajo la mascarilla descubrimos que también tiene labio fino– acaba de ser sentenciada por acometer una obra ilegal en un local de Arturo Valls, actor y presentador, igualmente de labio fino, que pretendía convertir en vivienda un bajo comercial en Lavapiés. Monasterio y su empresa de arquitectura, de la que es socio su marido y portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, solicitaron licencia de obra y, sin esperar a la resolución, comenzaron los trabajos de reconversión. Dado que, en contra del análisis de los fisonomistas, el fin no justifica los medios, la Audiencia de Madrid ha condenado a Monasterio y a la constructora a pagar 8.000 euros por incumplimiento de contrato, una cifra alejada de las pretensiones del popular presentador –que la denunció–, que reclamaba los 116.000 euros que pagó por el proyecto y 129.000 del gasto por legalizarlo.

Para Vox se trata de unas simples tasas administrativas, aunque resulta que hasta en más de una docena de casos, este era el modus operandi de la arquitecta portavoz y de su marido, que acostumbran a iniciar los trámites legales de sus proyectos sin esperar el fallo administrativo. Según El País, la pareja acumula 18 casos de obras con irregularidades en Madrid capital, circunstancia agravada por el hecho de que la dirigente ultra ejerció sin título de arquitecta entre 2002 y 2009. Monasterio estampaba su firma en planos sin haber acabado la carrera; según los jueces, de un modo «burdo y grosero», un Ctrl C + Ctrl V del visado del Colegio de Aparejadores y Arquitectos que al menos utilizó en dos ocasiones. El fin y los medios.

Más allá de su relevancia política, Rocío Monasterio es la dirigente fake, la representante pública que no pasaría el test del coche de segunda mano. Pediría cita en la ITV y trataría de vender el vehículo acto seguido sin esperar a la revisión. Si la confianza en un político se mide por el grado de fiabilidad que sugiere su actividad privada, Monasterio (no Vox ni sus electores, a quienes parecen no importarles demasiado estas bagatelas) no pasaría de primera ronda en unas primarias de credulidad. Y, sin embargo, llovía sobre mojado: la pareja logró legalizar las obras ilegales de su chalé y el Supremo confirmó la condena de 63.000 euros a Espinosa de los Monteros.

En la última campaña autonómica de Madrid, Monasterio se impuso entre el griterío del gallinero, lo que no resultó suficiente para que el concurso de Vox fuera determinante para hacer a Ayuso codependiente de la formación de Abascal. Obligó a Pablo Iglesias a abandonar un estudio de radio al poner en duda que el de Podemos hubiera sido amenazado al recibir un sobre con balas y sacó tajada al recibimiento de Vox en Vallecas, una barriada madrileña que en la Transición era conocida como la pequeña Moscú. Ultraconservadora, ultracatólica y antifeminista, su ideología se adereza con el discurso de la irritación. Su mantra es irritar al contrario hasta que a este le hace perder los estribos.

Desaparecida Olona y arrinconado Ortega Smith, Monasterio es la perfecta irritante que actúa amparada con la vacuidad reglamentaria de su partido: el código deontológico de Vox no contempla qué medidas adoptar con un cargo condenado, más allá del lema «sin ley no hay democracia». El próximo mes de mayo volverá a enfrentarse a Ayuso «defendiendo en la Comunidad de Madrid los principios y valores que nos trajeron hasta aquí». Si no les gustan esos principios, Monasterio tiene otros.

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