Principios o política. Un dilema moral

Una civilización se caracteriza por un conjunto de valores que constituyen su esencia y que conforman una sociedad determinada y una forma de ser, de pensar, de estar en el mundo. Valores que se transmiten, que son susceptibles de entenderse de diversos modos, pero que nunca pueden ser anulados o puestos en cuestión en su contenido esencial.

En un sistema democrático muchos de ellos alcanzan el rango de derechos fundamentales, inherentes a la condición humana. No son estrictamente políticos, pues hunden sus raíces en pensamientos que caracterizan al ser humano como tal. O al menos sucede esto en aquellos sistemas que han evolucionado y convertido en sociedades democráticas.

Los valores del humanismo y la tradición judeocristiana son y forman parte de la civilización occidental como fruto de una larga evolución y Europa es lo que es porque tiene bases comunes de pensamiento y tradición. Una forma de ser y estar en el mundo, de comprenderlo.

Los derechos a la vida y a la libertad, profundamente humanistas, son con seguridad los más elementales. El alcance de los mismos tiene un componente absoluto, un contenido esencial e intangible y otro, más relativo y dependiente de las opciones que cada cual puede tener, siempre relativas. Pero los derechos siempre priman sobre las excepciones; estas últimas son limitaciones que deben ser interpretadas restrictivamente y nunca situarse por encima del derecho reconocido.

Viene esta reflexión por la honda preocupación que me ha suscitado el debate sobre el inexistente, parece ser, protocolo que anunció Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, acerca de la información no preceptiva a las mujeres que quisieran abortar y la afectación que tal conducta, realizar una ecografía al feto, afirman provocaría en el libre ejercicio del aborto.

No debería necesitar mucha explicación que la información nunca cercena la libertad, antes al contrario la favorece, pues libertad presupone consentimiento y todo consentimiento, para ser libre y pleno, exige de un total conocimiento del acto que se va a realizar. Concluir que informar puede afectar a la libertad es solo demostración de que en este caso existe un evidente y difícil interés en favorecer el aborto sobre la vida y, a ser posible, sin el conocimiento suficiente. Es obvio que el no existente protocolo pretendía evitar abortos, lo que no entra en colisión con un acto que no puede ser considerado un bien superior a la vida y que, por tanto, deba ser favorecido por encima de esta última.

No obstante, no es este el asunto que quiero comentar, pues el mismo necesitaría algo más que consignas. Lo que deseo transmitir es mi honda preocupación por la forma en que desde la política se ha analizado una cuestión tan delicada, tan conectada con los derechos más básicos, con la esencia misma de nuestra sociedad. La sensibilidad hacia una cuestión tan ligada a los derechos humanos, que permite y debe permitir el debate sereno, profundo, respetuoso y nunca presidido por dogmas en donde no puede haberlos si se admite la libertad, ha sido nula y, siguiendo la estela de lo que se va convirtiendo en regla de comportamiento, se ha supeditado a los intereses políticos, a las estrategias electorales, a los beneficios o perjuicios derivados de una proposición legítima en democracia.

Desde el gobierno la reacción ha sido medida en términos de ventaja electoral para atacar una posible coalición del PP con VOX. Desde el PP, que nadie sabe qué posición tiene sobre este asunto, se ha subordinado la cuestión anteponiendo los efectos que puede generar en su previsible victoria electoral y su obligada coalición con VOX; y, desde VOX, se ha dado marcha atrás en una propuesta que forma parte de su programa al valorar su interés en permanecer en el gobierno autonómico o perderlo.

La prensa, en su inmensa mayoría, no ha entrado a fondo en el debate sobre los límites entre el aborto, la información no preceptiva y los efectos de la misma, en su carácter de coacción o, muy al contrario, garantía de libertad. El debate ha girado sobre los efectos de la propuesta sobre las consecuencias electorales, que se han antepuesto al valor de la vida y la libertad, valores de esta civilización occidental y derechos humanos.

A esta sociedad, en exceso politizada en el peor sentido de la palabra, parece importarle más el poder que el ser humano y sus derechos, primando lo primero sobre cualquier otra consideración. Es el poder la razón de todas las cosas; es el poder el que legitima las opciones; es el poder el que conforma las propuestas de cambio. No es el bien común en el marco de la diferencia y la convivencia, sino alcanzar el gobierno o mantenerlo. Mentir es legítimo; mantener posiciones contrarias a la propia ideología, lícito e incluso valorado como inteligente; pactar con quienes defienden lo contrario o atacar a quien piensa de forma similar, aunque padezcan los propios principios, adecuado. El fin justifica los medios.

Volver a las convicciones, los principios y los valores es esencial y anteponerlos al poder y la ambición, presupuesto para que la sociedad sea reconocible y los seres humanos, libres, tengan un espacio que los represente, sin la relatividad propia de los intereses inmediatos. No es una sigla si la misma no responde a principios estables y permanentes, sino estos últimos los que deberían mover al voto. La fidelidad a partidos, por reacción a otros, es irracional si aquellos no representan valores determinados y concretos. Eso es esclavitud y voto por reacción. Y la libertad nunca puede reducirse a votar sin saber qué se vota y qué se hará con nuestro voto.

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