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Francisco Pomares

Humo de pajas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. EP

El presidente del PP, Núñez Feijóo se descolgó hace un par de días con la propuesta de que tras las elecciones se deje gobernar al candidato más votado. Ayer puntualizó que su propuesta se limita exclusivamente a los ayuntamientos, en los que el PP espera ser el partido votado mayoritariamente en muchísimas capitales de provincia y ciudades importantes. No hay de que escandalizarse por el cambio de criterio, la mayoría de las cosas que se dicen en campaña son fruto del cálculo electoral.

Uno de los motivos por los que la política partidista repatea cada vez a más gente, en la certeza de que las propuestas de campaña luego no van a ningún lado, quedan sepultadas por los resultados, las matemáticas y los pactos. Y aquí no vale que nadie se emocione: el PSOE desalojó del poder al partido más votado en el Cabildo de Tenerife y en la capital de la isla, sin remordimiento ninguno, convirtiendo el gobierno de los que habían perdido en una victoria democrática sobre Coalición Canaria. Mientras eso ocurría, Coalición intentaba montar un acuerdo en el Gobierno regional con todos los retales necesarios para impedir que el PSOE –ganador de las elecciones– pudiera gobernar. Al final el PSOE le dio la vuelta a la operación con los mismos retales –Nueva Canarias, los gomeros de Curbelo– que habían coqueteado con Clavijo. Y en La Palma y Lanzarote, donde ganó Coalición, el PSOE y el PP dejaron todas sus profundas diferencias ideológicas a un lado y se pusieron también de acuerdo para mandar. Y no pasó nada. Siempre hay partidos –y personajes– que han convertido su capacidad para justificar un gobierno o el contrario en una habilidad muy rentable. En fin, que quien esté libre del pecado de negociar con quien se tercie para gobernar sin haber ganado, que tire la Ley d’Hondt por la ventana.

En realidad, el problema no es son los pactos para buscar mayorías, sino los pactos contranatura: el nuestro no es un sistema mayoritario, sino de base parlamentaria, y en esos sistemas, no gobierna quien recibe más votos directos, sino quien consigue juntar más votos de concejales, consejeros de cabildo o diputados para hacerse con el poder. Todos sabemos cómo funciona el sistema, y sólo nos molesta cuando los que se ponen de acuerdo no son los nuestros. Este sistema, basado en un reparto proporcional pero corregido de la representación no es mejor ni peor que cualquier otro. Los británicos utilizan un sistema puramente mayoritario donde cada escaño se atribuye a una circunscripción, y gana el que más votos saca. También es injusto y a nosotros nos parece disfuncional, pero es el de ellos, y a ellos les funciona. Como el sistema estadounidense, donde es relativamente frecuente –ha ocurrido a lo largo de la historia en varias ocasiones, la última con Donald Trump– que llegue a ser presidente un tipo que ha sumado menos votos que el que ha ganado, pero ha logrado más representación. Y si eso le parece a usted indignante, o antidemocrático, piense que aquí en Canarias ocurre tres cuartos de lo mismo: a veces el partido más votado logra menos representación que el que tiene mejor implantación en las islas.

Todos los sistemas electorales son imperfectos. El proporcional corregido –que es el que rige para cualquier circunscripción en toda España– podría probablemente mejorar si se establecieran legalmente mecanismos de elección directa de –por ejemplo– los alcaldes, impidiendo las mociones de censura hasta la mitad de la legislatura, tiempo suficiente para que una alcaldía amplíe su apoyo a otras fuerzas políticas y se evite el mercadeo de votos y la compra de concejales, que a veces nos ofrece espectáculos repugnantes. Para evitar que gobiernen partidos que han perdido, los compromisos preelectorales no conducen a ningún lado, como demuestra nuestra política conventual. Sólo se evitarán las trapisondas y la desvergüenza del transfuguismo con la aprobación de leyes que modifiquen el sistema de elección de alcaldes o presidentes de Cabildo, forzando su elección directa y protegiendo a los elegidos –además– de mociones de censura urdidas antes de que hayan podido siquiera ocupar su despacho. Podría evitarse por ley, pero eso no lo propone nadie.

Feijóo puede jurarnos que lo que el PP quiere es respetar las mayorías. Pero sólo lo hará donde a él le convenga. Como harán todos los demás.

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