La amenaza del fracaso histórico

Si España deriva en un fracaso político insuperable la responsabilidad central no estará en los independentistas vascos y catalanes, en los pablistas y yolandistas comunistoides o en todos los que explotan particularismos mesiánicos, sino en el PSOE y el Partido Popular y, más exactamente, en las respectivas oligarquías que los dirigen. Muy pronto vamos a pagar el coste de este desafuero dictado por la ambición, la ignorancia y la estupidez. Hace unas horas escuché decir a Pedro Sánchez que el PSOE había creado la Constitución de 1978 mientras «la derecha estaba, como siempre, en sus cosas». Sé que a todo el mundo ya le da igual lo que diga todo el mundo, pero todavía sostengo que un presidente del Gobierno debería ser más responsable, más adulto, más respetuoso con la realidad histórica. La Constitución fue obra de unas Cortes elegidas democráticamente y que designaron una ponencia constitucional formada por siete diputados. Solo uno de ellos era del PSOE: Gregorio Peces Barba. Los demás eran tres diputados de la UCD (Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y José Pedro Pérez-Llorca), uno de Alianza Popular (Manuel Fraga), uno del PCE (Jordi Solé-Tura) y otro que representaba a los nacionalismos catalán y vasco (Miquel Roca) De lo que no hace mucho se enorgullecía el PSOE –también se lo oí a Manuel Fraga repetidas veces– es que la Constitución estaba hecha por todos y para todos. Sánchez se orina literalmente sobre la verdad y con el humo que se desprende del suelo hace sombras chinescas. Transmitir, como pretende el presidente, que la derecha española no participó en la elaboración y aprobación de la Constitución, no sabe lo que significa ni le importa un carajo no es otra cosa que atentar directamente contra la memoria democrática del país y su consenso fundacional y fundamental.

Han sido dos las ocasiones críticas en las que los principales partidos del sistema político debieron reinventar ese consenso para preservar los valores constitucionales, reforzar la legitimidad de las instituciones y galvanizar la unidad y pluralidad del Estado democrático. La primera, la gestión de la pandemia del covid y la respuesta a la crisis económica y social que originó, con los instrumentos y fondos aprobados por la Unión Europea. La segunda, más grave, afrontar el golpe del independentismo catalán, que pretendió suspender la Constitución y el Estatuto de Autonomía y proclamó la independencia en octubre 2017. El PSOE, entonces, apoyó la aplicación del artículo 155, pero menos de seis meses después Pedro Sánchez presentó una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy que desde el primer momento tuvo el respaldo de ERC y el PDeCat donde se encontraban entonces los antiguos convergentes que consideraban a Carles Puigdemont el presidente de la Generalitat en el exilio. Para mantener el apoyo de ERC desde abril de 2019, cuando gana las elecciones generales, Sánchez ha concedido todo lo que se le ha pedido, incluyendo reformas legislativas a través de procedimientos express para anular de facto las condenas del Tribunal Supremo a los responsables políticos del procés independentista. Las cosas hubieran podido debido ser distintas. Socialdemócratas y conservadores –a los que se hubieran sumado de buen grado los liberales de Ciudadanos– hubieran podido acordar una postura conjunta frente al independentismo catalán que incluyera el diálogo pero en ningún momento admitiera claudicaciones supuestamente pacificadoras o desinflamatorias. Ninguno de los tres partidos citados apostó por esa vía: la única digna de ser llamada constitucionalista. Si un día de enero de 2024 Alberto Núñez Feijóo asume la Presidencia del Gobierno solo una cosa es segura: dos, tres o cuatro semanas más tarde Barcelona estará ardiendo y antes del verano los sindicatos llamarán a la huelga general. Una crisis política que pocos intentarán que no se convierta en una crisis del régimen constitucional.

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