Opinión | Tal cual

Reflexiones de año nuevo

Simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro durante el asalto al Congreso, el 8 de enero.

Simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro durante el asalto al Congreso, el 8 de enero.

Después del paréntesis vacacional donde la medicación, perdón, quería decir la meditación, nos ha ayudado a desintoxicarnos de tanta bilis e irritabilidad producida por la política rastrera que emana de este gobierno socialcomunista, nos encontramos que, nada más empezar el año, el tufo maloliente producido por las nuevas leyes «a medida» de sus socios parlamentarios nos sigue contaminando el ambiente.

Todo comenzó en Brasil, donde una masa, debidamente espoleada, marchó a rodear y posteriormente ocupar la sede de la soberanía nacional brasileña, ante la presencia pasiva de la policía. Se dice que, una vez que el gobierno de Lula despertó, mando frenar y detener a los sediciosos. Se habló de unos 1.500 detenidos. Por supuesto que, partiendo de la base que toda sublevación contra el orden constitucional de un país y contra sus instituciones debe ser condenada, uno no deja de pensar en las hemerotecas y hacer determinados paralelismos.

Ciertamente que las comparaciones son odiosas. Pero hay veces que te las ponen a huevo. Quiero decir que, para unas cosas, la izquierda española –mal llamada progresista– se raja las vestiduras y toma sales ante tanta vehemencia fascista. Pero, cuando lo hacen ellos, que lo han hecho, o sus socios de gobierno, entonces hablamos de pura virtud democrática transformada en libertad de expresión.

En España se ha rodeado el congreso nacional por turbas jaleadas por las izquierdas populistas, el parlamento catalán –con los diputados dentro–, instigada por los separatistas; se ha deslegitimado el resultado de las urnas cuando ha ganado la derecha, y se ha llevado a cabo un referéndum ilegal, declarando una república –aunque fuera por un cuarto de hora–. ¿Se imaginan qué hubiera sucedido si la policía española hubiera detenido a 1.500 personas? Pues, eso mismo que usted piensa.

La izquierda española es muy teatrera. De todo lo que maniobran los demás hacen un drama. Ya se sabe que «la oposición estorba». A ellos les va eso de callar o de mirar hacia otro lugar en función de la ideología de los distintos protagonistas. El caso es que se han despertado en este año nuevo atacados de los nervios, y es que no es para menos.

Sospechan que el futuro electoral les va a ir mal, por mucho que intenten arreglarlo con los sondeos del CIS sanchista de Tezanos. Ni siquiera la lluvia de dinero público destinada a regar a sus socios y medios afines –¿será eso malversación?– lo va a impedir.

Hablando de la malversación. El gobierno sanchista ha desautorizado y, por consiguiente, desapoderado a la justicia española. Primero con los indultos, luego pactando con los sediciosos que atentaron contra el orden constitucional la eliminación del delito de sedición y, ahora, reformando la malversación. Incluso el señor Aragonés presume de haber redactado el nuevo Código Penal. O sea, que los delincuentes son los que reforman el delito para quedar impunes.

Pero, ¿qué es malversar? Antes, hace unos días, la malversación –utilizar dinero público para uso particular o de un tercero– tenía unas penas de entre dos y seis años. De cuatro a ocho si era más grave. Y una condena de hasta doce años para los grandes defraudadores (250.000 € o más).

Y aquí viene el cachondeo padre. Con la nueva redacción, y debido a la retroactividad de la ley que pueda beneficiar a los ya condenados y a los que están por juzgar, los jueces instan a la fiscalía a que comiencen a rebajar las penas o incluso las quiten a los delitos que ya han desaparecido; como a los grandes defraudadores, que están acabando con la cosecha del cava, catalán por supuesto. A continuación, aparecen delitos menores, en plan lotería de feria, donde se regalan muñecas chochonas: que el defraudador se lleva menos de 4.000 €, una multa y un golpecito, suave, en la espalda. ¿Que se lleva dinero público para su uso privado, pero no tiene intención de quedárselo? Le ha tocado entre seis meses y tres años. ¿Hay quien dé más? Ah, sí, nos queda el último supuesto: ¿detrae usted dinero del contribuyente, pero para un destino distinto para el que fue previsto? Pues hasta cuatro años.

Con todo este pifostio, progresista, muy progresista, se va a permitir que grandes casos de malversación puedan eludir la cárcel, o salir los que ya se encuentran cumpliendo condena. ¿Les suena? Lo de la ley del «solo sí es si». Donde, por ahora, se han beneficiado de la reducción de penas 185 delincuentes sexuales y se ha excarcelado a 18.

Y, hablando de reflexiones, está bien que un condenado en firme –sea quien sea y de la ideología política que sea– no ingrese en la cárcel, o salga de ella, debido a que esté muy enfermo. Lo digo por la doble o triple vara de medir que se utiliza en estos casos.

macost33@gmail.com

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