Opinión | RETIRO LO ESCRITO

Crisis institucional

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas (foto archivo)

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas (foto archivo) / POOL MONCLOA/FERNANDO CALVO - Archivo

Marchamos alegremente hacia una crisis institucional que amenaza la estabilidad política del país y degrada su salud democrática. El Gobierno de Sánchez y UP y su socio preferencial, ERC, han querido forzar la máquina legislativa torticeramente y más allá de toda prudencia jurídica y decencia política. Legítimamente el PP ha presentado un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. Esta mañana se reúne el pleno del Constitucional para decidir si aplica medidas cautelarísimas que suspendan la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial –la tercera en este año– que psocialistas y allegados han introducido a través de una enmienda en la proposición de ley que rebaja el delito de sedición. En esa enmienda, en una mierda de enmienda a una proposición de ley, se incorpora de matute la modificación del sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional. Ni informes del Consejo de Estado, ni de la Abogacía del Estado ni de nada ni de nadie: modifico una ley orgánica (en realidad dos) a través de una enmienda. Con razón quitaron a Héctor Gómez y pusieron a Patxi López como portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados. Era imprescindible elegir a un verdadero cabestro sin un ápice de formación académica para defender esta tropelía con el ardor de un cura trabucaire.

Para cuidarse en salud el Gobierno ya ha deslizado en oídos amigos que claro, cabe temerse lo peor, porque en el Tribunal Constitucional existe una mayoría –si bien limitada– de magistrados propuestos en su día por el Partido Popular. Porque ahora la legitimidad del Tribunal Constitucional no está en la ley que lo regula, en sus reglamentos y en las sentencias que toma, sino en la supuesta identidad ideológica de sus magistrados. Al parecer jamás hasta ahora la habían acusado. Conservadores y socialdemócratas llevan lustros deteriorando el Estado de derecho. ¿Y si hoy jueves el Constitucional ordena suspender la tramitación de las enmiendas? Es dudoso que el Gobierno y sus corifeos se queden callados. Se levantará de nuevo como una bandera el relato de los jueces fachas que están boicoteando la soberanía popular. Es un navajazo para destripar el sistema democrático. Las sentencias sobre la trama Gürtel o el caso de los ERE en Andalucía demuestran una viva y verificable –aunque de seguro imperfecta– autonomía del poder judicial. Lo grave, lo espeluznante, lo que puede salirnos carísimo en términos de ciudadanía es que el PSOE haya terminado de mimetizar actitudes, discursos y retóricas del populismo podemita. Y ello única y exclusivamente por el anhelo del presidente Pedro Sánchez de continuar en el poder sucediéndose a sí mismo, de convertir sus acuerdos con ERC y Bildu en una suerte de confederación ibérica de izquierdas autónomas que bloquee durante la próxima década el regreso de la derecha al poder. Y si es necesario diseñar un derecho penal de autor o modificar leyes orgánicas a través de enmiendas a proposiciones de ley, se hace. Para el PSOE significa renunciar para siempre ser una fuerza capaz de recuperar una amplia mayoría electoral. Como no pretenden cambiar la sociedad, sino que no cambie el Gobierno, les basta conseguir mayorías minoritarias y seguir saboteando a su propio país a través de acuerdos con las principales fuerzas independentistas.

En una entrevista reciente, Salvador Illa le decía a José Antonio Zarzalejo que para el PSOE no había otro camino para gobernar que construir una mayoría con ERC, el PNV y Bildu. Por supuesto es falso. Está Ciudadanos. Estaba un acuerdo excepcional con el PP. Estaba convocar elecciones en otoño de 2018, no en noviembre de 2019, y pedir una amplia mayoría. Illa falta a la verdad tanto como Pedro Sánchez. Hoy puede ser un día infartante para la democracia española.

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