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Francisco Pomares

Sí es sí (aunque depende)

Irene Montero.

Alrededor de una cincuentena de delincuentes sexuales han visto rebajar ya las condenas que les fueron impuestas por los tribunales, tras la Ley de Libertad Sexual (la del sí es sí, para entendernos), según la cuenta realizada por el periódico El País, utilizando los datos facilitados por los tribunales superiores de Justicia de las distintas regiones. Cincuenta reducciones de pena en menos de un mes, doce de ellas con excarcelación, y eso a la espera de que alguna de las instancias competentes realice un recuento oficial que aún no se ha producido. Y es que nadie quiere complicarse con ese recuento: la cobardía institucional llega a veces a extremos inesperados. No solo el Supremo se ha negado a establecer un criterio general sobre la aplicación de la ley, también parece que presentar oficialmente datos sobre las consecuencias de su aplicación sería una forma de tomar partido, a favor de cambiar la ley si son muchos, y en contra si no son tantos. Pero… ¿cuánto es mucho y cuánto es poco cuando se habla de agresiones sexuales? Cincuenta rebajas de condena y 12 agresores sexuales en las calles, y en menos de un mes de aplicación de la ley estrella de Irene Montero y Victoria Rosell, parece un escándalo que debería acelerar los famosos «ajustes técnicos» que ha propuesto el presidente Sánchez. En su última intervención sobre este asunto, Sánchez defendió de nuevo la oportunidad y sentido de la ley, pero habló de la conveniencia de hacer algunos «ajustes técnicos», una forma no muy sutil de admitir que la ley es bastante chapucera, como manifestaron los informes jurídicos previos. Sánchez esperaba del Supremo una instrucción general similar a la de la Fiscalía, que ha pedido a los fiscales que se opongan siempre a la revisión de las sentencias por delitos sexuales cuando la pena previa esté incluida en la horquilla de penas que contempla la ley Montero. Lo mismo ha propuesto la Audiencia de Navarra, pero el criterio de la de Madrid y otros tribunales es diferente. Madrid considera que a quienes se les aplicara la pena mínima anterior, se les debe aplicar ahora la pena mínima nueva, que es más baja.

Mientras Sánchez pide revisar la Ley, Montero se niega y sostiene su posición: que el problema no es que la ley esté mal, que el problema es cómo la interpretan los jueces. Va a ser muy difícil bajar a la ministra de ahí, a pesar de que el presidente Sánchez es consciente del impacto negativo que la reducción de penas está provocando.

No existiendo posicionamiento del Supremo en el sentido del que tuvo la Fiscalía, Sánchez ha propuesto que se constituya un grupo de expertos del Ministerio de Justicia para buscar una solución, una cortina de humo, porque la solución jurídica no es precisamente sencilla: si se opta por retoques para subir las penas mínimas, solución que plantean algunos expertos, serían muchos los casos de abusos sexuales menos graves que se librarían de penas de prisión, que es justo lo que querían evitar Montero y Rosell con su propuesta. La ministra Montero es categórica en su defensa del si es sí, pero ingenua: cree que lo que hay que hacer es conseguir que los jueces apliquen el criterio de la Fiscalía del Estado, cuando es sabido que los jueces son más bien alérgicos a dejarse mangonear por la fiscalía. Lo más probable es que los expertos del Ministerio acaben por concluir que no es posible hacer nada para que los jueces sigan a la Fiscalía, o que señalen lo obvio: que la única salida es plantear la reforma de la Ley en el Parlamento, algo que aterra a todo el Gobierno, porque implicaría la ruptura de su posición conjunta en este asunto.

Así las cosas, el pacto PSOE-Podemos comienza a dar muestras de nerviosismo: el PSOE quiere demostrar que no se cruza de brazos ante una situación que no supieron prever a pesar de las advertencias, y en Podemos ya dicen que las penas establecidas en el texto que está soltando a delincuentes sexuales en las calles se pactó con el PSOE en el seno del Gobierno, en base al catálogo de sanciones propuesto por Justicia. Y que eso ocurrió cuando el socialista Juan Carlos Campo era ministro. A la greña están. Y la casa sin barrer.

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