Constitución y reformas

Desde hace algunos lustros los comentarios en las conmemoraciones de la Constitución española se dividen en dos grupos: los que quieren reformarla (y a veces se quejan casi con coquetería que no pueda hacerse) y los que se niegan a hacerlo. Como suele ocurrir las cartas están marcadas y los primeros se presentan o son presentados como progresistas, porque solo los progresistas quieren cambiar las cosas, y cambiar las cosas es bueno y bonito; los que no desean cambiar nada, en cambio, son conservadores, cuando no reaccionarios. Los primeros, hay que reconocerlo, suelen ser más ruidosos que los segundos, e incluso más creativos. Los partidarios de eludir reformas parecen mantener una posición resistencialista. No, no, no nos moverán.

Con el transcurso del tiempo me he pasado, no sin alguna intranquilidad, al segundo grupo. Básicamente porque sin un amplísimo consenso político y parlamentario es tan imposible como indeseable una reforma constitucional. Si a los partidos mayoritarios les resulta imposible lograr a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, de manera que el propio Tribunal Constitucional puede verse abocado a un bloqueo irresoluble en las próximas semanas, ¿cómo se puede imaginar una reforma en la Constitución de 1978? Ayer mismo, en la conmemoración oficial de la Carta Magna, el presidente Pedro Sánchez declaró que su oposición en las Cortes «está fuera» de la Constitución. Por supuesto que la irresponsabilidad que ha practicado el Partido Popular en los últimos años, boicoteando con todo género de ocurrencias y mamonadas la renovación de órganos fundamentales del Estado –y con el mayor interés el CGPJ, el Tribunal Supremo y el Constitucional– es intolerable y habla poco y mal de su compromiso democrático. Pero que el jefe del Gobierno, el mismo día de la celebración de la Constitución, arroje fuera de la misma al principal partido de la oposición reviste una singular gravedad. No, quien ocupa el poder ejecutivo no puede expulsar de la Constitución a su principal competidor electoral. Solo el perniquebrado Tribunal Constitucional, precisamente, puede hacerlo. Pero esta enormidad, como el mismo obstruccionismo canalla en el que hozan los dirigentes del PP, será olvidado pasado mañana. Y la indiferencia se prolongará hasta que la crisis institucional del país amenace con pulverizar el orden constitucional y la convivencia corra verdadero peligro.

La prioridad hoy, por tanto, no es reformar la Constitución, sino cumplirla y hacerla cumplir. También en lo que se refiere a la cohesión política e institucional del Estado y a la integridad territorial del mismo, cosa que es pelín complicado cuando basas tu estabilidad parlamentaria y legislativa en alianzas buhoneras con partidos abiertamente independentistas. Las demás asignaturas pendientes no necesitan de reforma constitucional alguna: una ley educativa basada en un amplio acuerdo que sustituya la indulgencia por la exigencia con un compromiso explícito de invertir un 7% del PIB; una reforma de las administraciones públicas para racionalizar una burocracia moderna, evitar duplicaciones y promover su mayor profesionalización, eficacia y eficiencia; diseñar un auténtico sistema de investigación, desarrollo e innovación con colaboración sistemática entre el sector público y el privado; cerrar un sistema de financiación autonómica esencialmente aceptable para todos; coadyuvar, a través de un conjunto de programas y acciones, a un incremento de la productividad económica; aumentar racional y ordenadamente una mayor entrada de migrantes. Hay otros objetivos, por supuesto. Ninguno exige cirugías constitucionales, pero sí responsabilidad, respeto a las reglas del juego democrático y a las instituciones públicas, voluntad de acuerdo. Lo que ayer se evidenció que no existe.

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