Catar 2036

Mundial de fútbol de Catar 2022. Unos días antes de la ceremonia de inauguración comienza el planeta a apreciar las gravísimas vulneraciones de los derechos humanos que se registran por aquellas tierras. Afloraron entonces las protestas y llamadas al boicot generalizado como señal de repulsa por el trato que el país dispensa a las mujeres y al colectivo LGTBI, o por las condiciones casi esclavistas que sufrieron los trabajadores que construyeron los fastuosos estadios. Como ejemplo, la alcaldesa española Ada Colau, siempre al quite ella, se apresuró a prohibir las pantallas callejeras, y de paso dificultar un poco a los aficionados barceloneses el sano disfrute de los partidos de España con una cervecita y unas aceitunas. Ese es otro tema.

El colmo de la tontuna, las voces de quienes se lamentaban por la masiva prohibición de consumir cerveza, no ya en los estadios, sino en los alrededores. Una ley seca paradójica por partida doble: primero, porque entre los patrocinadores que más dinero se dejan en sostener el Mundial destaca una conocida marca de birras (que podría perder más de 72 millones de euros), y segundo por lo hipócrita de una norma que sí permite ponerse ciego en las zonas VIP de los recintos a precios desorbitados: entre 950 y 5.000 dólares por persona y partido.

La rigidez de la sharía y sus majaderías feudales, como todo por aquellas tierras, resulta severísima solo para los sectores de población que ellos deciden. ¿Qué se puede esperar de un país en el que la violencia de género no está castigada por ley, pero la homosexualidad es un delito penado hasta con cinco años de cárcel y considerada «un daño en la mente»? ¿Un régimen donde las mujeres sufren discriminaciones sistemáticas que hacen que dependan enteramente de los hombres? ¿Será posible que ninguno de esos jugadores, ídolos tasados en decenas de millones de euros, sea capaz de levantar la voz y liderar una verdadera protesta? Nadie asume el riesgo de ser sancionado por llevar un simple brazalete en apoyo a las víctimas de tamaño atropello y la propia FIFA sofoca preventivamente la más mínima rebelión.

Todos estos inconvenientes pudieron evitarse, no unos días antes de que el balón comenzase a rodar por el césped, sino cuando allá por 2010 los cataríes se impusieron a candidaturas como Estados Unidos o Japón, que no requerían levantar estadios de la nada en pleno desierto. No sólo no se evitó, sino que se acordó cambiar las fechas habituales para que el Mundial se pudiera celebrar entre noviembre y diciembre –eludiendo así los inhumanos calores de cincuenta grados que se registran en el Golfo Pérsico en verano–, coincidiendo con la primera vuelta de las principales ligas de fútbol nacionales, que prescinden de sus grandes estrellas.

Recordemos que por aquel tiempo se dijo que el Mundial recaló allí gracias, presuntamente, a una alianza liderada por la Federación Española de Fútbol, que habría implicado directamente al Fútbol Club Barcelona y al Real Madrid, controlados por poderosas multinacionales regadas con petrodólares, extendida luego al resto de la Unión Europea y Latinoamérica. Todo un entramado diplomático que no se desplegó con la misma intensidad cuando España y Portugal pugnaron conjuntamente por el Mundial 2018 que terminó en, sorpresa, Rusia, tan proclive a la defensa de los derechos humanos como Oriente Medio. Las acusaciones de corrupción fueron intensas, pero nunca hicieron tambalear el proyecto.

Algún lector recordará aquella polémica protagonizada en 2005 por Alberto de Mónaco, cuyas preguntas malévolas sembraron la duda respecto a la seguridad en Madrid y desbarataron las aspiraciones de nuestra capital de acoger los Juegos Olímpicos de 2012. Hasta pueril nos parece con la perspectiva actual, pensando incluso que Doha, capital de Catar, ha intentado organizarlos en 2016, 2020, 2028 y 2032. Visto cómo va este oscuro mundo, más un negocio reservado a un puñado de multinacionales que un deporte, acabarán consiguiéndolo en 2036.

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