En los años de la transición sin asfaltar, los siempre minoritarios juristas progresistas nos castigaban con los dos conceptos mágicos que convertirían a España en un paraíso bajo el imperio de la justicia, el jurado y la reinserción de los presos. Estaban dispuestos a pecar de latosos, con tal de predicar su efecto balsámico. Dada su insistencia, por fuerza ha de sorprendernos que la izquierda capitanee hoy el endurecimiento generalizado de las penas. Está claro que el asesinato semanal de una mujer a manos de su pareja supone una violencia inaudita, que obliga a una legislación excepcional como la vigente en violencia de género. Ahora bien, cuando los vanguardistas llegaban a proponer la eliminación de las cárceles, ETA mataba a una persona cada tres días.
Aumentar los castigos es popular y populista, pero también crea la falsa ilusión del problema resuelto. La democracia se inicia en España con el gran perdón de una amnistía, de la que todavía se benefician los cancerberos de la dictadura. La competición por elevar las penas sin discriminación olvida que la justicia se basa precisamente en su gradación, y en que por grave que sea el crimen, el cumplimiento de la condena supone el reingreso en la sociedad con la página en blanco. Hoy da casi miedo apuntalar sermones que eran aceptados como clave de la convivencia medio siglo atrás.
Funciona mejor el contraejemplo. Los endurecedores de penas vacilan al plantearles que «un conductor borracho ha matado a mi cuñado» no nos merecerá nunca la misma calificación penal que «mi cuñado borracho ha matado a una persona». El caso de Mònica Oltra ilustra a la perfección que el agresor también es hermano/hijo/marido, por lo que en su caso particular se disparan las cautelas probatorias que se consideran inadmisibles en abstracto. Se puede seguir con el condenado Benzema recibiendo el Balón de Oro en olor de multitudes, o con los abusos sexuales a menores tuteladas que han llevado a las gobernantes socialistas a indicar que «están en una edad difícil» y que «son cosas que pasan». La izquierda pensó un día que debía frenar la espiral punitiva, ya no.
