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Pedro Alfonso Martín

La credibilidad de un presupuesto público

Presupuestos Generales del Estado.

La credibilidad de un presupuesto público viene dada por tres parámetros: los ingresos reales, la capacidad de ejecutar los gastos, así como las políticas y estrategias para el crecimiento y empleo sostenible.

Un frágil y sutil equilibrio entre la credibilidad, la eficiencia y la seguridad jurídica.

Todos los sectores mejoran poco a poco, comparados con los datos del parón económico por las decisiones para afrontar la crisis del COVID-19 y sin embargo, analizando algunos sectores, e incluso empresas, no se trata de un café dulce para todos.

El sector servicios ha recuperado gran parte del número de visitantes, así como el gasto turístico, si bien, han estado afectados también por el incremento de costes de suministros y energía.

Una recuperación basada en una aparente redención presupuestaria de 10.000 millones de euros, debido a la no aplicación de las reglas fiscales europeas, posibilitando que la comunidad autónoma cifre el 25% del PIB de las Islas, con un 73% destinado a gasto social que no servirá para arrastrar, de manera eficiente, del resto de sectores económicos hacia el progreso y el empleo.

Algo no encaja cuando se inaugura la fiesta y seguimos con altas tasas de desempleo, paradójicamente enfrentadas a la imposibilidad de encontrar trabajadores en muchos sectores, en un entorno financiero más caro y restrictivo, por las normas del Banco Central Europeo, empeñado en sacrificar el consumo y de paso la inversión, en beneficio del control de la inflación.

Mientras tanto, echamos en falta medidas para garantizar una mejor ejecución presupuestaria, el control de la economía sumergida, el absentismo laboral, la simplificación administrativa y una reducción temporal, pero efectiva, de la carga fiscal de empresas y familias.

No podemos olvidar que sobre la productividad empresarial comienzan a revolotear amenazas sobre nuevos impuestos y cotizaciones sociales, tasas turísticas, subidas de tasas locales, impuestos medioambientales o sobre bebidas azucaradas.

Toda una declaración de intenciones que va contra la sostenibilidad de las empresas canarias y el empleo que no puede seguir basado, mayoritariamente, en la contratación pública.

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