El ‘pacto de las guaguas’ remueve la política canaria

Más allá de la opinión que cabe hacer sobre cada uno de los puntos pactados entre la formación nacionalista y el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la mayor o menor complejidad de llevarlos a la práctica, lo cierto es que ese acuerdo rompe considerablemente la dinámica política en Canarias y altera los equilibrios sobre los que se sustentaban hasta ahora las relaciones entre los partidos tanto en el ámbito del conocido pacto de las flores que sustenta el Ejecutivo regional como en el arco de la oposición.

Aunque ciertamente el pacto de Sánchez con CC, el primero que suscribe esta formación con el líder socialista desde que este preside el Gobierno de España, no tiene por qué tener efectos concretos en la gobernabilidad y en las cuestiones prácticas de la política canaria en lo que resta de legislatura autonómica, sí abre un escenario ante las próximas elecciones regionales, locales e insulares de dentro de seis meses que casi nadie atisbaba.

De entrada, el acuerdo supone una apuesta estratégica tanto por parte de Pedro Sánchez, como por parte del líder de CC, Fernando Clavijo. El primero amplía el espectro político e ideológico de sus socios en el Congreso y mitiga en parte el coste que le supone ante cierta parte del electorado nacional su escoramiento a la izquierda, de la mano del socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, y sus pactos con independentistas catalanes y vascos, ERC y Bildu.

De otro lado, resulta evidente que CC varía radicalmente el eje de su estrategia política y se aviene a pactar con quien hasta ahora representaba el «olvido y maltrato» de Canarias. Este movimiento a dos bandas debe aplaudirse sin ambages no solo porque ha permitido mejorar aspectos de los presupuestos para el Archipiélago, sino porque representa a su vez un ejemplo de la política del diálogo, la negociación y el acuerdo que la ciudadanía espera de los partidos políticos para que sean útiles desde las instituciones a una buena gobernanza.

El acuerdo, por así decirlo, centra políticamente tanto al PSOE como a CC y, lo que es más relevante de cara al futuro inmediato, descerraja el candado que hasta ahora hacía imposible pensar en un posible pacto entre ambas formaciones para gobernar en Canarias, si se tiene en cuenta que, según todos los pronósticos, las alternativas para una mayoría viable van a ser muy limitadas.

El pacto presupuestario ha producido un evidente malestar entre los socios minoritarios del Ejecutivo regional, en especial NC, y ha dejado muy descolocado también al PP, en ambos casos conscientes de que sus posibilidades de gobernar pasan por un descarte de la alianza entre PSOE y CC y por mantener el eje izquierda/derecha como pivote de las posibles alianzas.

Tampoco cabe despreciar, en otro sentido, que sectores del socialismo canario también recelan del pacto presupuestario con Coalición y sus posibles consecuencias. No llegan a entender las cesiones de Sánchez a Clavijo sin que los dos votos nacionalistas en el Congreso fueran del todo necesarios para sacar adelante los presupuestos.

Más allá del análisis sobre las claves políticas de este pacto, lo que cuenta ahora es cómo concretarlo en términos prácticos para que las medidas incluidas en el mismo sean operativas y representen mejoras en las condiciones de vida de la ciudadanía en las Islas.

Además de los importantes avances que supone la bonificación efectiva del coste del transporte de mercancías admitido por el Gobierno central, la inyección de 100 millones más a los planes de reconstrucción de La Palma, o la discutida bonificación lineal del 60 % en el IRPF de todos los contribuyentes de esa isla, el gran logro que está vendiendo CC como resultado de su apoyo a los presupuestos es la gratuidad de las guaguas urbanas e interurbanas en todas las Islas y del tranvía en Tenerife.

Se trata sin duda de una resolución justa que por fin equipara la ayuda al transporte en Canarias con la adoptada previamente para la Península con el llamado gratis total en los trenes de cercanías y media distancia. Es, además, una medida que aunque incide en la necesaria apuesta por el uso del transporte público en el contexto de los programas de ahorro energético y de la lucha contra el cambio climático, no escapa de la polémica tras el reiterado rechazo inicial del Gobierno pese a ser una reclamación a Sánchez del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien justificaba esa negativa en el hecho de que el 50% de bonificación del transporte terrestre en las Islas establecido en el decreto que regula esta ayuda ya suponía de facto un mayor descuento del que se establecía para los trenes en la Península.

Este aspecto político era uno de los leit motiv que impulsaba a CC a pactar los presupuestos conscientes de la proyección pública de una medida que en términos económicos no es tan significativa. Sin embargo, la puesta en práctica de esta gratuidad en las guaguas no va a resultar fácil y ofrece dificultades que ya han advertido las administraciones implicadas.

Para empezar, se ha demostrado que el parque de guaguas y la plantilla de conductores en las empresas concesionarias de este servicio son insuficientes para asumir el incremento del número de usuarios, cifrado en dos millones de viajes, y que una medida temporal como esta, durante como máximo todo el próximo año, no justificaría la compra por parte de cabildos y ayuntamientos de los vehículos necesarios para asumir toda esa cobertura.

Por otro lado, dicha gratuidad no será universal sino que solo se beneficiarán de ella las personas con un mínimos de trayectos mensuales, y que tal vez tendrán que depositar una fianza para garantizar que efectivamente cubren ese mínimo de viajes.

Las reticencias de algunas formaciones políticas a esta medida, como ha sido el caso de NC, más allá de la irritación que le supone que haya sido una cesión de Sánchez a CC, demuestra que su efectividad no está garantizada si no se articula un sistema de aplicación técnicamente bien trabajado.

Ese es ahora el reto que tienen por delante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Consejería de Transportes y los cabildos y ayuntamientos titulares de las empresas que prestan el servicio si no quieren que la gratuidad de las guaguas deje de ser una buena noticia y se convierta en un quebradero de cabeza para todas estas administraciones.