La malversación, apropiación indebida del patrimonio público o administración desleal de los bienes que lo componen, es uno de los delitos contra la Administración Pública que recoge el Código Penal, junto al cohecho, el tráfico de influencias o la desobediencia. El Gobierno de la Nación ya está allanando el camino que unirá el cambio en la sanción de la malversación a la anunciada despenalización de la sedición. Sorprende que, tras décadas de feroz señalamiento a políticos corruptos (algunos paseando esposados por las calles pese a no haber sino meras sospechas nunca demostradas), ahora vean tan clara una modificación del Código Penal a la carta para suavizar e incluso despenalizar su persecución. Más llamativo, si cabe, cuando recordamos que Pedro Sánchez llegó a Moncloa tras una moción de censura que perseguía regenerar la política desalojando al Partido Popular, al que llegó a referirse como «un partido que se ha financiado de manera irregular durante años y un presidente que no ha asumido ninguna responsabilidad». Eran otros tiempos.
Cuatro años después, a toda prisa y con total descaro se está cocinando una reforma ad hoc del Código Penal para favorecer a personas concretas en función de intereses determinados. Se están detonando en nuestra cara los fundamentos del Estado de Derecho, entre ellos la sumisión del poder político al ordenamiento jurídico, en plano de igualdad con la ciudadanía.
Así es. El vecino de a pie cumple con sus obligaciones más elementales, pero hay gente que se cree tan por encima de la ley que se permite el lujo de cambiarla a placer para que los delitos que cometieron en el pasado dejen de serlo. Más simple incluso que el indulto: modifiquemos la norma para evitar que esta u otra persona tengan que ingresar en prisión y, para que no beneficie a corruptos de otros partidos, la adaptamos solo para los nuestros. Y eso que la Constitución garantiza entre sus principios fundamentales la interdicción de la arbitrariedad...
Como quiera que interesa contar con los apoyos del independentismo catalán, desde junio de 2018 lleva Sánchez haciendo malabarismos para evitar que los urdidores del golpe de Estado encubierto estén donde toca, en prisión. ¿Qué ocurriría si usted o yo cometiésemos alguna infracción? Muy probablemente pagaríamos nuestras deudas. A los responsables del mayor ataque a la democracia en España desde 1981 se les indultó sin miramiento. Es más, con la anunciada despenalización de la sedición, cualquiera puede volver a atentar contra la unidad de la Nación y declarar la independencia de un territorio sin consecuencia alguna. Esto no tiene que ver con esa supuesta pacificación de Cataluña de la que alardean siempre que pueden. Si así fuera, la reforma del Código Penal no se tramitaría a la vez que los Presupuestos Generales del Estado.
Hablábamos sobre la malversación. Se estima que un centenar de condenados por corrupción que, en principio, no se llevaron directamente la pasta que sisaron al erario público aguardan su momento para beneficiarse de esa nueva y permisiva política contra el malvado. Entre ellos, los condenados por el caso ERE en Andalucía y decenas de cargos del independentismo catalán: no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo, alegan, que aquel que no lo hace, y califican de injusto que se trate por igual ambos supuestos. Ahora nos compadecemos de ese Robin Hood moderno que no manga para sí, sino para el partido político de turno o para costear una aventura secesionista como la que hubo en Cataluña. ¿Pero qué dijo usted en 2018 sobre financiar de manera irregular un partido? Habría que echarlos, digo yo, que el dinero sigue saliendo del bolsillo del contribuyente. Ni siquiera es verdad: el delito es el mismo, pero el castigo es mayor cuando te enriqueces personalmente que si simplemente pasabas por allí. Pero en ambos casos sigue siendo robar.
