En un inesperado giro de los acontecimientos, la Fiscalía Europea, que lleva ya varios meses interesada en la historia de las mascarillas por las que el Gobierno regional pagó cuatro millones de euros sin llegar nunca a recibirlas, ha decidido tomar cartas en el asunto, asumiendo la investigación del caso, al considerar que la operación se realizó con fondos europeos. Se trata de algo que el Gobierno viene negando desde el inicio de las actuaciones. Pero el hecho es que la Fiscalía ha decidido intervenir, exigiendo a las instancias jurídicas nacionales que hasta ahora se ocupaban del caso –el juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y la Fiscalía Anticorrupción– remitan inmediatamente sus actuaciones.
En lenguaje ordinario, lo que eso significa es que el juez Javier García García-Sotoca y el fiscal Javier Ródenas, que se ocupaban del caso, deben abstenerse a partir de ahora de mantener el procedimiento, realizar investigaciones o citar a declarar a testigos, y deben hacerlo con carácter inmediato. La causa pasa a una jurisdicción distinta. Tras recibir la comunicación de la Fiscalía Europea, el Juzgado suspendió ayer mismo las actuaciones previstas para esta semana, entre ellas alguna declaración, y –quizá la más esperada– la que debía protagonizar el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, que –de producirse– lo será ante esta nueva instancia. Aunque el procedimiento permite que el juzgado de Las Palmas plantee conflicto de competencia, parece poco probable que este –si llegara a producirse– prosperara.
La intervención de la Fiscalía Europea ha sido sorprendente –por el momento en que se produce– tras varios meses de investigación, y de evacuar consultas a mediados del pasado septiembre a Anticorrupción para que aportase información sobre los hechos, y sobre el posible uso de dinero europeo en las operaciones denunciadas. La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas no contestó sobre el posible uso de fondos europeos, pero sí aportó la denuncia que dio lugar a la investigación y su propuesta de archivo del procedimiento, iniciado tras una denuncia presentada en mayo de este año por Juan Manuel Pérez, un empresario de ocio nocturno del Sur de Gran Canaria, que movió una macrodenuncia contra el Gobierno, su presidente, su vicepresidente, el Parlamento de Canarias y todos los funcionarios supuestamente involucrados, denunciando 23 casos de irregularidades en las licitaciones del Covid.
La decisión europea de ocuparse de la denuncia abre algunas incógnitas: la Fiscalía es un organismo independiente, que surge con el Tratado de Lisboa, y al que se han adherido la práctica totalidad de los socios comunitarios, con la excepción de Hungría, Polonia, Irlanda, Suecia y Dinamarca. Comenzó a funcionar legalmente a mediados del pasado año, y su principal función es la de investigar aquellos delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión, ejerciendo la acción penal y planteando la apertura de juicios contra los presuntos autores de los delitos y sus cómplices. Funciona con dos niveles, uno de carácter central, que radica en Luxemburgo, y otro descentralizado, que integran los delegados de la Fiscalía, nunca menos de dos por Estado, nombrados a propuesta de los gobiernos de los países miembros. En ese sentido, podría decirse que el fiscal europeo que va a ocuparse de este asunto es un funcionario español, elegido por el Gobierno, y que responde ante un colegio de fiscales europeos.
De momento, además de reclamar la competencia sobre el caso, y apuntar a un quinto delito –el de malversación, ya detectado por el juez instructor–, la Fiscalía ha solicitado al juzgado al que ahora se excluye del procedimiento que informe sobre el estado de la causa, y al Feder que conteste a la pregunta que nadie ha respondido: si la compra que se investiga ha sido o no financiada con fondos europeos, y –también- si lo fue cualquiera de las compras denunciadas por Juan Manuel Pérez, y que no han sido investigadas.
