Cuando se viaja por las tierras españolas se percibe, al entrar o salir de ciertas comunidades, por el simbolismo de sus banderas. Si ves en sus plazas y balcones la bandera de España y, de pronto, dejas de verla, es que has entrado en otro mundo, que no en otro país. Esto sucede, por ejemplo, cuando viajas por Cantabria y entras en la comunidad vasca.
Los herederos de ETA, con el terrorista y condenado Otegui a la cabeza, han actuado de fedatarios de la ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez. En el último momento, y para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, el gobierno español se dedicó a subastar al mejor postor la poca dignidad que les va quedando, al socialismo en particular, y a la izquierda en general.
Con los catalanes ha intercambiado el compromiso de reformar el tipo penal de sedición –aunque se pueda dar la impresión de que la división de poderes se resiente– a cambio de sus votos. Con Bildu ha conseguido, con tan solo cinco votos, que el sanchismo se comprometa a designar una comisión técnica que se dedique a estudiar –siempre desde el punto de vista de la izquierda– las vulneraciones de los derechos humanos ocurridos «entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983». Precisamente cuando ya gobernaba Felipe González.
Nada se dice de estudiar los asesinatos cometidos por ETA, y los que aún están por juzgar. Claro está, que pudiera ser, que pegarle un tiro en la nuca a una persona o poner una bomba y matar a decena de vidas inocentes nada tenga que ver con la vulneración de los derechos humanos. Según el progresismo de izquierdas, la mejor forma de adentrarse en el futuro es resucitando el pasado; para, a ser posible, reescribirlo a la mayor gloria de los que desean que la verdad quede sometida a la ideología.
Esta ley merece algunas consideraciones:
En primer lugar, el título de la ley es un despropósito, una aberración lingüística, ya se hable de la memoria histórica o democrática. La memoria, que se sepa, es un término del pasado. Y en cuanto a recordar la democracia, ¿por qué?, ¿para qué?, y, sobre todo, ¿con qué fin? ¿Es que ahora no hay democracia?
Cualquier gobierno que venga y que tenga un mínimo sentido de lo que significa la verdad, la democracia, la justicia y la libertad, la derogará de inmediato. No es admisible admitir hechos falsos como realidad consolidada. No se puede falsificar la historia, ni siquiera para vencer en el papel una guerra que se ha perdido en el terreno. Todo esto atenta contra la libertad de expresión y de cátedra.
Esta ley es un engendro maniqueísta, que va contra todo principio jurídico y socava la concordia democrática, y torpedea cualquier intento pasado de reconciliación; y, por consiguiente, atenta contra el pacto de la Transición, que firmaron comunistas y socialistas, y que condujo, en 1977, a la formación de las Cortes Constituyentes, cuya primera ley fue, nada menos, que la Ley de Amnistía, y que constituyó en su día un ejemplo a seguir para otros países.
Después de cientos de libros y tesis doctorales escritos sobre nuestra guerra civil, ¿qué está por descubrir? Lo que sucede es que persiguen una verdad política, incluso científica, que cuestione la verdad pretérita en beneficio del revisionismo ideológico presente. Desmanes, crímenes y sinsentido hubo en los dos bandos. Pero si nos ponemos a reversionar la historia hágase desde ambas perspectivas. Y ello no puede pasar por reescribir o por borrar cualquier referencia a los desmanes cometidos durante la república o incluso en el bando republicano en plena guerra civil. De hecho, las personas que sufrieron persecución, cárcel, torturas, violaciones y fusilamientos, por cuestiones religiosas, se excluyen como víctimas.
Parece como que todo este desaguisado legislativo, que Sánchez pone en marcha cada vez que tambalea su estabilidad política, utilizando para ello a los medios de comunicación afectos –que suelen ser la mayoría de los que existen– estuviera encaminado a, por una parte, contentar a sus socios –que cada vez exigen más–, y, por otra, a distraer la atención de los ciudadanos de temas tan triviales como la inflación, el paro, el precio del gas y de la luz, y la subida de las hipotecas.
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