En los diversos ránkings sobre las facilidades para la creación de empresas, España no suele despuntar. Es una queja bastante extendida en el mundo económico, sobre todo emprendedor, que sin embargo choca con el enorme potencial y con la realidad con que nos encontramos en nuestro país, de proyectos que han nacido y se han desarrollado con evidente éxito.
Sin negar el interés y apoyo de algunas administraciones para facilitar las condiciones y los entornos para el crecimiento empresarial, faltaba un marco fiscal y normativo más favorable a este tipo de empresas de reciente creación, de base tecnológica en su gran mayoría, innovadoras y por tanto más expuestas al riesgo.
Esa falta de una regulación favorable es lo que intenta corregir la nueva legislación para el fomento del ecosistema de empresas emergentes, la conocida como ley de las startups, al equipararse a otros países europeos. Vale la pena detenerse en el concepto ecosistema al que se refiere esta ley auspiciada por la ministra Nadia Calviño, porque por muchas ganas, ilusión y buenas ideas que le ponga cualquier emprendedor –lo que se da por sentado–, de forma aislada lo tendrá mucho más difícil para crecer que si tiene un entorno que lo cuide y lo acompaña en sus inicios.
Por ejemplo, uno de los puntos destacados de la nueva norma son las mejoras fiscales para los inversores, sin las cuales no habría en la gran mayoría de casos financiación para llevar a la práctica proyectos prometedores pero de futuro incierto.
La ley también rebaja la fiscalidad para la captación de talento exterior, muy importante en un ámbito donde los mejores perfiles profesionales deciden trabajar en una u otra empresa en función del atractivo de la ciudad donde irán a vivir. Incluso algo tan sencillo como simplificar trámites, reducir burocracia en forma de visados y permisos de residencia o facilitar la relación con la administración mediante una ventanilla única puede decantar la balanza entre invertir en un lugar o en otro.
Aquí es donde Canarias encuentra su oportunidad. Región ultraperiférica con monocultivo turístico, aspira a convertirse en un espacio central en el ecosistema del emprendimiento innovador. En ese empeño, ahora encauzado con la nueva ley, los empresarios agradecen la gestión en estos dos últimos años de la Consejería de Economía con la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información que dirige Carlos Navarro. Tras una puesta en marcha en tiempos de pandemia, Canarias se ha colocado como la segunda comunidad de España que más startups crea en términos relativos, según Informa Business by Data de 2022.
Hay esperanza, entre administración y emprendedores, en que el nuevo marco legislativo permita reforzar el sector de empresas de base tecnológica y diversificar el tejido productivo de las Islas. Con ese objetivo se firmó el Pacto por la ciencia el pasado mes de julio en Canarias. Así se ha apostado por el sector innovador con iniciativas gubernamentales inéditas, importantes proyectos e iniciativas de internacionalización. Se han promovido programas pioneros de empresas vinculadas al conocimiento nacidas en las universidades, el Instituto Astrofísico de Canarias y la Plataforma Oceánica, y se han potenciado empresas tractoras que emplean herramientas de innovación abiertas, algunas de las cuales han logrado socios hasta en Israel. Con este impulso, el Archipiélago ha conseguido progresar en los últimos años hasta la tercera posición nacional en conectividad digital, solo superado por Madrid y Cataluña, lo que unido a su reconocida conectividad aérea le convierte en un centro de negocios y en un espacio favorable al emprendimiento innovador.
Con todo, aún hay que decir que lanzar una startup en Canarias es una tarea heroica. «Partíamos de un erial», sostiene Moisés Santana, director de la Asociación Canaria de Startups, Empresas de Base Tecnológica e Inversores Ángeles (Emerge), que ha reforzado su optimismo con la nueva ley.
La buena aceptación en general que ha tenido la ley entre los principales interesados sirve, por tanto, para entenderla como un avance incuestionable. Pero también sirve el hecho de que durante casi todo el recorrido de negociación y tramitación de la norma haya dominado el acuerdo político entre los partidos.
Era una anomalía bienvenida, cuando el desacuerdo, el conflicto y la polarización son el pan de cada día en el ámbito político. Hace escasas semanas, la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital validó el texto con 32 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones. En cambio, la aprobación de la ley el jueves en el Congreso sí contó con votos en contra, 88, la mayoría del Partido Popular, por un error, uno más, en las votaciones del Congreso. La diputada Macarena Montesinos, encargada de marcar el sentido del voto a la bancada popular, se confundió. Hubo 75 abstenciones, de Vox, ERC y Junts, entre otros, pero el PP, pese al resultado de la votación, está a favor y defiende el máximo consenso en apoyo al ecosistema emprendedor español.
La norma tiene carencias, como que cinco años es un periodo demasiado corto para considerar lo que es una startup, o que debería tener más en cuenta la capacidad regulatoria de las comunidades autónomas, como reclamaban los independentistas catalanes, pero la comparación con el marco actual la convierte en necesaria y oportuna.
Una oportunidad que las Islas deben aprovechar al máximo con el irrefutable argumento que sintetiza Moisés Santana: «El talento que existe en Canarias es el mismo que el que hay en Tel Aviv, en Nueva York, en Barcelona y en Gáldar. Solo se trata de facilitar lo que necesitan esas personas para ponerlo en valor». De eso se trata. Ni más ni menos.
