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La universidad española: entre el querer y el poder

ULL. Imagen de archivo

Somos muchos los investigadores que tras realizar la tesis doctoral nos hemos marchado para formarnos, en la etapa postdoctoral, en otros países. No dudo en reconocer que la formación en centros extranjeros es buena para la comunidad investigadora. Es más, me atrevería a decir que es fundamental en el marco global en el que nos encontramos. Te dota de conocimiento y te habilita a formar redes que mejoran la competitividad en convocatorias internacionales. Te permiten dar el salto a la comunidad internacional. El problema no es salir, es poder volver. Se habla mucho de la «captación de talento» y se repite hasta la saciedad que España quiere atraer ese talento para fortalecer su sistema de investigación y transferencia. De hecho, reconozco que nunca se ha puesto tanta inversión para ello. Sin embargo, después de tanto tiempo, sigo con la misma pregunta: ¿Está España preparada para alcanzar ese objetivo? No me cabe duda de que esa es la universidad que queremos, con talento joven que avive la I+D+i+T. Ahora bien… ¿es esa la universidad que podemos tener?

Los problemas de los investigadores no solo empiezan con las contrataciones, tema de tanta actualidad por los problemas que está generando, en universidades y centros de investigación, y que no parece tener fácil solución. Esta aventura empieza antes, mucho antes. Me gustaría empezar por todos los que nos fuimos a crecer como investigadores y un día decidimos volver a trabajar por nuestra tierra. Al llegar a España te encuentras con que la burocracia solo pone impedimentos al acceso laboral en los centros públicos, una burocracia obsoleta y abrumadora en comparación a la de los países de nuestro entorno. Desde la traducción de títulos oficiales (pero… ¿no somos Europa?) hasta la solicitud infinita de copias y certificados.

De hecho, me atrevo a decir que las acreditaciones españolas para acceder a la universidad están diseñadas para las personas que no se han ido fuera a formarse. Por ejemplo, no se considera movilidad o estancia en el extranjero el haber hecho tu tesis en el extranjero, o que al no existir en otros países el mismo sistema de calificación de la tesis doctoral que en España te califiquen directamente con un simple aprobado, etc. En los países de nuestro entorno, para acceder a los contratos de investigadores, incluso a oposiciones, solo basta con tu CV y el proyecto de investigación. Solo basta con enseñar lo que has hecho y demostrar tu capacidad de innovación, liderar equipos. En resumen, demostrar tu valía. Por eso, ya hace algún tiempo que empecé a preguntarme, ¿está España preparada para atraer talento que no haya hecho tesis en España?, ¿es que el talento solo lo formamos los que estudiamos en España?.

Si un Premio Nobel quisiera venir a la universidad pública española… ¿imaginaría la burocracia que debe solicitar? Para empezar, traducir todos sus títulos, homologarlos y luego esperar a que le acrediten. Todo muy lógico. Todo muy dispuesto para la captación de talento externo.

Hay otros problemas colaterales para seguir aumentando tus posibilidades de entrar al sistema. La primera es que desde hace tiempo el «talento» se mide por kilogramos de publicaciones científicas, no por ideas innovadoras, no por capacidad de generar conocimiento, ni por las redes que puedas atraer para que España siga subiendo de nivel científico. De hecho en muchas de las convocatorias de excelencia ya no se piden proyectos de investigación. Además de ello, en las convocatorias competitivas te suelen pedir que hayas dirigido proyectos nacionales, pero a la vez los propios centros y organismos del estado te impiden hacerlo si no tienes la vinculación permanente o la duración de tus contratos son menores a los proyectos que vas a solicitar. Es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Es que no se puede incluir financiación postdoctoral en los planes competitivos nacionales para que los investigadores postdoctorales puedan liderar proyectos de investigación? Si ganas, una parte puede ser tu salario directamente. A esto hay que sumarle que en España es muy común que cada administración o servicio de una misma te pidan CVs distintos. ¿Es tan difícil homogeneizar los CVs y evaluar sin perder semanas cambiando de formatos? A cuanta más burocracia, menos talento. Volviendo al Premio Nobel, también hay que decirle que su CV no vale en el formato que lo tiene, lo debe cambiar sí o sí.

Sin embargo, la paradoja no queda ahí. Los problemas de la «atracción de talento» son más graves aún. La nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en teoría, viene para ayudar y reconocer los derechos laborales de los investigadores. Eso es importante y, obviamente, es bienvenida porque la comunidad científica merece derechos laborales por los cuales hemos luchado desde hace años. Ahora bien, ¿de verdad soluciona el problema de la inseguridad laboral? La realidad actual es que se está generando una situación de penumbra jurídica en las universidades públicas (y seguramente en los centros de investigación) ante los posibles litigios por los famosos artículos 22 y 23 bis. Pero es más, está creando un problema de entrada a nuevos investigadores en el sistema de investigación y transferencia, o peor, deja a los que ya llevan años de investigador postdoctoral en el limbo de la interpretación legal de los servicios jurídicos, los cuales a su vez, quedarán pendientes de las más que previsibles demandas laborales. Con todo ello, ¿cómo vamos a mejorar nuestras universidades?, ¿cómo vamos a atraer talento y estabilizarlo con tanta incertidumbre?

De acuerdo con el artículo 22 de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, los contratos de personal investigador doctor son de duración determinada y a tiempo completo. En realidad, entre 3 y 6 años (salvo los casos para personas con discapacidad que pueden llegar a los 8 años). En caso de acumular varios contratos bajo este artículo, que es el más usado en las convocatorias competitivas, debes saber que solo puedes acumular esos 6 años, sea o no la misma entidad (salvo las personas con discapacidad que alcanzarían hasta 8 años). Por lo tanto, si los investigadores ganan una convocatoria de excelencia corren el riesgo de quedarse en situación de desempleo porque no pueden obtener prórrogas más allá de los 6 años, si ya han sido contratados en otras convocatorias bajo el mismo artículo 22. Por lo tanto, queda bajo su responsabilidad controlar cual es el tiempo acumulado en su «mochila postdoctoral». Como no basta con publicar y formarse, también hay que vigilar qué tipo de artículo y cuánto llevas contratado.

He leído mucho sobre la posibilidad de la contratación en el artículo 23 para investigadores distinguidos que deben tener reconocido prestigio con «reputación internacional consolidada en base a la excelencia de sus contribuciones en el ámbito científico o técnico». Contrato que no es para postdoctorales que quieran estar más de 6 años. Es para investigadores que se contratan para formar sus propios grupos de investigación, dirigir centros, programas... De hecho, no se establece la forma de medir la excelencia pero sí deja claro que es para casos muy concretos de atracción de talento consolidado para dirigir líneas y grupos de investigación. Por lo tanto, lamentablemente, de nuevo queda en el aire la figura de los investigadores que están en su fase postdoctoral.

Quizás el artículo siguiente pudiera ayudar en algo (o no), el 23 bis, que está dedicado a los contratos de actividades científico-técnicas y va dirigido a la «realización de actividades vinculadas a líneas de investigación o servicios». Este es el artículo estrella, el que establece la duración indefinida y que no formará parte de la Oferta Pública de Empleo de la institución de que se trate. Una nota aclaratoria a este artículo puede ser la definición de línea de investigación. En la Ley, se define «como un conjunto de conocimientos, inquietudes, productos y proyectos, construidos de manera sistemática alrededor de un eje temático en el que confluyan actividades realizadas por uno o más grupos de investigación y requerirá su desarrollo siguiendo las pautas metodológicas adecuadas en forma de proyectos o contratos de I+D+I». O sea, ¿solo en esos casos se puede hacer este tipo de contratos? Siento no ser capaz de entenderlo o explicarlo tras más de 15 años de investigación. ¿Es esta la estabilización de la que tanto hemos hablado? Pues parece que no, tanto en cuanto nadie ha sido capaz de explicar, justificar y aclarar cuál es el camino para no llenar los juzgados de posibles casos. O sea, aún nadie ha explicado a los investigadores y universidades cómo proceder con la seguridad jurídica correspondiente, dejando un amplio margen a la interpretación subjetiva.

En definitiva, dudas como ésta y otras como si pueden o no liderar proyectos de investigación quedan en el aire y pendientes de respuestas para, de verdad, poder garantizar la estabilidad y la atracción de talento. Pasar de lo que podemos a lo que queremos. Hasta ahora, nadie es capaz de explicar el escenario sombrío del presente investigador que se ha creado con estos artículos. Ni tan siquiera, nadie ha sido capaz de decir ¡Basta ya! Si creemos en la ciencia, claro que necesitamos una ley, pero lo primero que necesitamos es cambiar el sistema de burocracia infinita e incompresible para facilitar la incorporación de personal. Sin incertidumbre, sin interpretaciones subjetivas. Cada investigador que entra en una institución es una buena noticia para la misma y para el país. Alguien debe explicar, por escrito y con reglas claras, cómo se contrata, consecuencias y formas de proceder. De dónde se sacan las indemnizaciones, dónde está la fina línea que divide la línea de investigación y un programa concreto en un proyecto competitivo público y, sobre todo, privado ya que este país también se mueve entre el querer aumentar la financiación privada de la investigación y el poder hacerlo. De hecho, es urgente que se regule cuándo se utiliza el contrato según el artículo 22 con limitación temporal y cuando el artículo 23 bis, que no tiene limitación temporal alguna. Es una pregunta que muchas universidades y centros no son capaces de responder, o peor aún, la administración general del estado tampoco. Alguien debe reflexionar si es necesaria la burocracia del sistema ¿o es simplemente una forma más de seguir poniendo trabas encubiertas al «talento»? Alguien debe entender que un investigador está para crear conocimiento y no para pasar horas sentado frente a trámites frustrantes.

Tristemente este marco normativo deja el peso de la duda sobre los investigadores postdoctorales y, también, deja a las universidades (o centros) vendidas ante la presión social de no encontrar una solución contractual a los investigadores que pasen de ese tiempo estimado máximo de 6 años, cuando el organismo que debe velar por el sistema de investigación y transferencia no lo hace. Repito, cada institución estará encantada de captar todo el talento posible, sin incertidumbre jurídicas.

Seguramente la Ley viene para corregir los enormes problemas temporales de la ciencia en España y, en un tiempo, conseguirá estabilizarse y aclararse, pero mientras se alcanza ese tiempo habrán investigadores que seguirán viendo el futuro bajo una sombra normativa que no ayuda a mejorar en corto espacio de tiempo, la atracción de talento. Que no les ayuda, que no nos ayuda.

En resumen, España quiere atraer talento, pone medios económicos, pero no ha sido capaz de cambiar un sistema burocrático que entienda como debe ser el sistema de investigación y transferencia en Europa en estos tiempos. España nunca ha creído en la ciencia como herramienta esencial para el desarrollo socioeconómico y eso se ve en las enormes complejidades de incorporación de personal investigador. Si algo debimos aprender con la pandemia es que debemos cambiar las estructuras y la gestión de la investigación para poder estar en condiciones de competir con países de referencia científica en Europa, ni qué decir del resto del mundo. Sin eso, simplemente seguiremos navegando entre la universidad que queremos tener y la que podemos tener.

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