A raíz de que el presidente de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, anunciara una serie de medidas fiscales, que su gobierno ha adoptado, dentro del marco competencial que les asiste –siguiendo la estela de la comunidad de Madrid–, la izquierda de este país, llamado España, ha estallado en un berrinche ideológico, que han intentado remediar con el pañuelo de los mantras a los que, casi a diario, nos tienen acostumbrados.
Esta vez no han sido nada originales, y han cargado en tromba contra el PP por «bajar impuestos a los ricos». El insigne Bolaños ha ido un paso más, mostrándonos su manifiesta estulticia: «El PP está con el 1 % de los ricos y nosotros estamos con el 99 % de…» Le faltó decir de «los pobres», pero entendió que era mejor morderse la lengua.
A continuación, salió el ministro Escrivá y, para terminar de enmarañar la cosa, mencionó la soga en casa del ahorcado: «Esto se arregla centralizando los impuestos» ¿Ha dicho centralizar? A ver si se les ocurre centralizar la educación y la sanidad y nos joroba el chiringuito. Se preguntaron los nacionalistas, alarmados.
La ministra de Hacienda, por su parte, ha corregido a su compañero diciendo que, en realidad, no quería decir lo que dijo. Que se refería a armonizar, solo impuestos; que, según ella, no es lo mismo. Y, para desviar la atención, anunció un impuesto a las grandes fortunas. Lo que logrará sin duda que, los pocos que aún tributan en España, se marchen a otros países, como Portugal, donde entienden que es mejor recaudar algo que nada.
El anuncio del presidente andaluz tiene tres apartados: suprimir o no cobrar o bonificar, como ustedes quieran llamarlo, el impuesto de patrimonio; suprimir el canon del agua, y deflactar el tramo del IRPF que les corresponde a la comunidad autónoma.
El impuesto de patrimonio no existe en ningún país de la Comunidad Económica Europea. En su día entendieron, que existían razones o argumentos morales, económicos e institucionales para suprimirlo. De hecho, el impuesto de patrimonio ya lo quitó el PSOE de Zapatero en el 2008; pero, llegada la crisis económica, no tuvo más remedio que recuperarlo.
El mapa de la fiscalidad en España es un galimatías (por no decir un cachondeo). No en todas las comunidades se paga lo mismo. Las desigualdades en materia fiscal no es ninguna novedad. Los apartados fiscales donde más se muestra esa desigualdad son: el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y donaciones, el de sociedades y el IRPF.
Del primero ya hemos hablado; del segundo, que es el que grava la transmisión del patrimonio tras el fallecimiento de una persona, todas las autonomías, al entender que es un impuesto injusto, porque es pagar dos veces por un mismo hecho, han decidido ofrecer ventajas fiscales (bonificando hasta el 100 %). El de sociedades, exceptuando Navarra y País vasco, que tienen su propio régimen fiscal, las demás autonomías el impuesto se sitúa en un 25 %. En Canarias, gracias al REF se tributa el 4 %. Y, por último, sobre el IRPF, que está parcialmente cedido a las autonomías, cada cual se está planteando (para corregir el déficit que produce el alza de los precios), deflactar o no, el tramo que les corresponda.
Bajar impuestos no es malo si se recauda más. Ya lo dijo Friedman que aseguraba estar a favor de bajarlos, siempre y cuando se tuviera en cuenta la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y en este caso, al gobierno se le olvida mencionar que, gracias a la inflación galopante que padecemos (ahora estamos en el 10,5 %), la hacienda española ha recaudado, en solo cinco meses (enero-mayo), más de 15.000 millones de euros extraordinarios. Esto sí que es una gran fortuna. ¿Se impondrán ellos, a sí mismo, un impuesto?
Todo es cuestión de armonizar, pero comencemos armonizando el sentido común.
