Podemos lleva ya algún tiempo pidiendo nuevos impuestos a la distribución agroalimentaria. Lo que pretenden es que se apliquen a las empresas de logística y comercialización de alimentos las mismas medidas que se han aplicado a la banca o a las eléctricas. Pero las leyes sobre el mercado alimentario (por ejemplo la reciente ley de cadena alimentaria, que establece que no pueden venderse alimentos por debajo de su precio de producción) no permiten tratar a las distribuidoras de alimentos como si fueran eléctricas o entidades financieras: Europa estudia utilizar los beneficios inesperados que han tenido las eléctricas para amortiguar los precios. Se trata de una idea que maneja la Comisión Europea, y que Ursula von der Leyen ha defendido públicamente: es compleja de implementar, pero sin duda tendrá un efecto importante en la contención de los precios energéticos, que son hoy la clave del crecimiento de la inflación.
Aquí, sin embargo, preferimos actuar con medidas parciales y específicas, por ejemplo, pidiendo impuestos a las distribuidoras alimentarias o pretendiendo topar los precios. Eso es lo que ha propuesto la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz, fijar topes a los alimentos básicos para controlar la inflación y aliviar así la presión sobre las familias. La propuesta ha abierto otra nueva crisis de identidad dentro del Gobierno de Sánchez… puede parecer llamativo que casi cualquier propuesta que se produce en el Gobierno de la nación (o en cualquiera donde el PSOE se apoye en Podemos para sostenerse, por ejemplo en Canarias) acabe en ruido mediático. Pero es normal que ocurra, y tiene mucho que ver con la proximidad de las primeras elecciones de ámbito nacional, a celebrar este próximo mes de mayo.
La vicepresidenta, que lleva varios meses escuchando a la gente, debe haber escuchado el sordo cabreo del personal al descubrir que la inflación se come las ganancias y los ahorros y hace inútiles las medidas del Gobierno para mejorar la vida de la gente. Por eso, Díaz quiere limitar el precio de los alimentos más básicos –pan, carne, verduras, frutas…–, y al hacerlo se enfrenta a la negativa del ministro de Agricultura, el socialista Luis Planas, que opina que eso va contra la normativa europea. Asegura Planas que intervenir los precios no es ni posible ni deseable, y además supone recurrir a una medida excepcional, que solo puede aplicarse en mercados regulados, mercados en los que los gobiernos pueden intervenir fijando precios, algo que no ocurre con la alimentación. Planas tiene razón: legalmente no puede intervenirse el mercado agroalimentario. O al menos no desde una decisión unilateral del Gobierno. Otra cosa sería que el Ejecutivo lograra convencer a los grandes operadores para que aceptaran reducir los precios de venta de los productos agroalimentarios. Pero es muy difícil que eso ocurra.
Díaz quiere precios máximos, que no pueden establecerse por decreto, y califica a las empresas de distribución de oligopolios. Que lo sean o no es opinable, y hasta la ministra de trabajo puede tener su personal opinión sobre las grandes empresas distribuidoras. Pero los datos deberían importar: en cuanto a la concentración de la oferta, España es el país europeo con menos cuota de mercado para sus cinco mayores cadenas de supermercados, inferior al 50 por ciento del total de las ventas. En Holanda, esa cuota es del 80 por ciento. Y sobre el aumento de los precios, en la primera mitad de este año, los alimentos se encarecieron un poco menos del 8 por ciento en España, frente al 8,9 por ciento de Alemania, o el 10,7 por ciento de Portugal. No hay un solo país de Europa que haya logrado escapar a la escalada de los precios alimentarios. La destrucción de Ucrania disparó el precio de los granos y piensos en todo el planeta, y Putin ha convertido el suministro energético en su mejor arma de guerra contra una Europa que financia el esfuerzo bélico ruso con sus compras de gas y petróleo, cada vez a precios más caros.
Si de verdad se quiere reducir el precio de los productos alimentarios básicos, solo hay dos caminos: bajar el precio de los combustibles, o bajar los impuestos que gravan la alimentación. Lo demás es solo circo y ruido.
