Al final se destapa. Resulta que el grupo de trabajo de la ONU que criticó a España por vulnerar supuestamente los derechos de Oriol Junqueras y otros tres encausados por el procés recibe desde hace años generosas financiaciones por parte del Gobierno de la Generalitat. No sería de extrañar que utilizando el dinero que el propio Estado destina a Cataluña sin percatarse de que sirve para destruir su imagen en el exterior cuestionando la democracia española. No es tampoco la primera vez que el independentismo se beneficia de esa financiación, ya lo hizo cuando el mismo grupo subvencionado emitió en 2019 un informe para criticar la prisión preventiva de los acusados, finalmente condenados por sedición y malversación, y más tarde indultados.
El Gobierno, en lugar de defender a los jueces ante las peticiones de sanción a España por parte de sus socios nacionalistas, se ha limitado a responder que la culpa la tiene el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy por haber propiciado una política de confrontación con el independentismo, cuando fueron los soberanistas catalanes los que violentaron las instituciones de este país sacando las urnas a la calle ilegalmente y declarando la independencia.
Los miembros financiados del comité de la ONU, un organismo más veces de las deseadas en entredicho, no emitirán presumiblemente un informe crítico sobre el maltrato y violación de los derechos humanos de los etarras sanguinarios que ahora acerca el Gobierno al País Vasco porque la financiación que recibe no cubre específicamente esos fines. De lo contrario, es posible que encontrasen un subterfugio para pronunciarse a favor de Txapote y Parot, como dos víctimas de la intolerancia española.
La postración de este Gobierno, rendido a los intereses partidistas y a sus socios enemigos declarados del Estado, es el peor reflejo de la democracia española de las últimas décadas. La nota más baja entre todos los suspensos a su gestión procede precisamente de esa actitud manifiestamente indigna.
