Subir el SMI y forzar la negociación colectiva, de manera unilateral, mientras que la propia AA. PP. tiene los mayores índices de temporalidad y no asume, como debe ser, la subida salarial del IPC medio del 2022 para los trabajadores públicos no es más que un mensaje contradictorio.
El Banco Central Europeo sigue persiguiendo un IPC del 2% (con una previsión media del 8% para este año), subiendo los tipos de interés y reduciendo su compra de deuda pública, para que la economía europea deje de consumir en exceso y pueda corregir la inflación, inicialmente originada por la oferta, agravado por el uso político y monopolístico de gran parte de la producción energética, industrial y alimentaria.
O sea, intentando que la intervención pública de la economía de mercado mediante subvenciones sea capaz de parar esta situación, mala para empresas y familias y no tanto para la recaudación de impuestos indirectos.
No nos olvidemos que los recursos públicos son limitados y máxime cuando el déficit y la deuda pública están por encima de nuestra credibilidad como país. Por lo que parar la economía significaría parar el crecimiento y, por tanto, enfriar la contratación laboral, cuando no destruirla, junto con la renta disponible de familias, empresas y autónomos.
Estamos en el albur de una economía de guerra y no tratar de confundir con algunos mensajes interesados sobre que la economía está en guerra.
Mientras Rusia quema, al parecer, 10 millones de euros en gas cada día que no puede suministrar a sus clientes (empresas y estados) ni almacenarlo, al tener todos sus depósitos llenos, los costes de la industria, los servicios y el sector primario siguen ahogándose con los sobrecostes de materias primas, energía y productos en general, que no pueden trasladar íntegramente a sus precios por la disminución de la capacidad de gasto de las familias.
La situación económica es tan volátil, que las empresas se plantean congelar la inversión, teniendo como muestra la fábrica de Ford en la Comunidad Valenciana, que renuncia a los fondos Next Generation porque «no ve expectativas en la economía española ni europea para acometer las inversiones comprometidas en el PERTE para el coche eléctrico aunque tenía asignada la subvención prevista».
Y esta realidad se va extendiendo por todo el tejido empresarial.
