La solución covid con ertes, ayudas sociales y préstamos ICO, se pueden volver en contra de la propia economía, si no sabemos administrar un aterrizaje suave de los incentivos y pretenden que los empresarios hagan frente a todos los apoyos sin que se haya dado por concluida la recuperación económica, mientras buscamos soluciones a la alta inflación, sin que la economía gripe con una recesión indeseable pero muy probable.
Añadamos a la ecuación que seguirán altos los precios en origen de materias primas, la escasez de productos, fluctuarán los precios de la energía y los transportes, mayoritariamente al alza, junto al encareciendo de los créditos.
Las familias con salarios bajos y ayudas de 500 euros (en números redondos), sufrirán en su capacidad de consumo ya que las ayudas no pueden sostenerse, ni muchos menos subirse, con el nivel de deuda y déficit que sostiene el Estado.
La clase media y alta, los autónomos y las empresas, también se ajustarán en su consumo e inversión, pues sus ingresos no pueden crecer por la disminución de la demanda (interna y externa) y siguen soportando una subida importante de costes que no han podido trasladar, en su totalidad, a los precios.
Con esta realidad, hay que sumar el fin de la carencia por los despidos de aquellas empresas que se acogieron a los ertes, durante el mes de septiembre, por lo que se prevén un gran número de eres extinción con el consiguiente aumento de la tasa de desempleo.
Además, los créditos ICO, comienzan a terminar su periodo de carencia y se hace muy difícil acometer las amortizaciones en masa, aunque las empresas dejen de invertir y mejoren sus posiciones de tesorería para acometer los pagos a costa de parar su crecimiento y empleo.
Otra amenaza, que se cierne en este último semestre del año, es el incremento de la morosidad interempresarial y la consecuente contaminación al sector financiero, más allá de los créditos ICO.
El Estado está siendo incapaz de ofrecer soluciones, pues necesita más fondos para su policía del estado de bienestar y, lejos de reducir gasto superfluo o digitalizar su burocracia, solo ofrece subidas de impuestos con cargo al esfuerzo fiscal de familias y empresas.
Se trata de estimular la inversión pública y privada para mejorar el potencial de crecimiento y alejarnos de la estrechez, e incluso pobreza, a la que van abocadas todas las clases sociales, mediante incentivos fiscales eficientes.
Tampoco debemos perder de vista las mejoras hídricas derivadas de la sequía, así como las inversiones necesarias para la competitividad y recuperación europea, que se nos antojan lentas en un entorno de ejecución presupuestaria del 20% en este primer semestre de 2022.
