La historia es más que conocida: durante la etapa de Manuel Chaves, el Gobierno de Andalucía decidió, sin la oposición de los otros partidos andaluces, gastar el dinero de la Junta prejubilando a trabajadores de empresas en mala situación, para reducir así sus gastos de personal y salvarlas de la quiebra. Los socialistas legislaron acelerar la prejubilación de trabajadores de empresas con expedientes de regulación de empleo –EREs- que abrió la veda para el reparto de ayudas con escaso control. Aquello empezó en 1999, y la aplicación práctica del programa de prejubilaciones –un inesperado jauja para las empresas– degeneró en un sistema plagado de irregularidades del que se aprovechó impunemente muchísima gente. Personal encargado por la Junta para gestionar las subvenciones se hinchó a colar en las empresas a familiares y amigos; el dinero se dirigió especialmente a municipios gobernados por el PSOE, y las compañías encargadas de gestionar el pago de las subvenciones se pusieron las botas cobrando comisiones muy encima de mercado. El escándalo fue imparable, y el dinero contaminado por esas prácticas en el periodo sometido a juicio –hasta 2010– alcanzó los 680 millones de euros. Durante muchos años, se ha acusado al PSOE andaluz de haberse apropiado de esos 680 millones. Se trata de propaganda, sólo una pequeña parte del dinero destinado a esas políticas fue derrochado o mal usado, aunque eso no justifique que quienes se beneficiaron no asuman su responsabilidad.
Después de trece años de investigación exhaustiva, se sabe que entre quienes se enriquecieron no figuran ni el ex presidente Chaves, ni su sucesor Griñán. Nadie –ni siquiera los jueces que los han condenado o quienes hoy gobiernan Andalucía– duda que ninguno de los dos robara un euro. Pero la Audiencia de Sevilla y el Supremo, sostienen que la propia ley aprobada por el Parlamento resultaba fraudulenta y pretendía eludir la legalidad para desviar dinero público a bolsillos privados. La sentencia –que provocó una nueva ruptura del Supremo entre progresistas y conservadores, con voto particular de dos de los cinco magistrados–, no determina el montante del latrocinio, ni encuentra fraude alguno en la inmensa mayoría de las ayudas. Aun así, en la llamada pieza política de los EREs, Chaves resultó condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricar y Griñán y otros ocho antiguos altos cargos socialistas a prisión por malversación de dinero público.
Lo que han hecho la Audiencia primero y después la mayoría del Supremo ha sido abrir un melón jurídico muy delicado: no existiendo pruebas directas de la implicación de Chaves o Griñán en el robo, se interpreta que ellos «debían conocer» o «debían saber» que la ley perseguía permitir un robo masivo. No se trata sólo de que juzgar las leyes es competencia exclusiva del Constitucional –para eso está– sino que se ha dejado a un lado la exigencia de prueba de cargo, imprescindible en un juicio penal. Los tribunales –todos– pueden equivocarse en sus sentencias, o estar tan politizados como los nuestros, y aun así sus sentencias deben ser acatadas. Pero cumplir una sentencia no implica no cuestionarla. Personalmente, creo que la sentencia de la pieza política de los EREs es eso: demasiado política. Y además bordea la inconstitucionalidad al juzgar una ley en un procedimiento penal, y al atribuir responsabilidad penal no sólo a quienes robaron, sino a quienes aprobaron la ley, suponiendo que su objetivo era lograr que otros robaran. Por eso, entiendo la petición de indulto para Chaves y Griñán. Sé que es muy poco popular colocarse del lado de quienes no aplauden los linchamientos, pero –al margen de la repugnancia que se pueda sentir por el latrocino sistémico de los EREs-, tengo la convicción de que en una sociedad de Derecho la ley no puede ser usada para dar ejemplo, ni los jueces pueden fiarse de su intuición.
Falta ver ahora si el Gobierno que aprobó el indulto a los separatistas que intentaron destruir el Estado, atendiendo a un cálculo político, denegará estos indultos, también por mero cálculo político.
