La Comunidad de Madrid propondrá al Gobierno Sánchez destinar lo que le toque de los tres millones para desenterramientos que se ha dispuesto repartir para localizar las fosas comunes donde fueron sepultados algunos presos fallecidos o ejecutados durante la construcción del llamado Tren de los 40 días, conocido también como Vía Negrín. La vía férrea fue construida por iniciativa del Gobierno de Negrín, para conectar Madrid con Zaragoza y Valencia. Las tropas nacionales habían rodeado prácticamente toda la capital de España, impidiendo la conexión ferroviaria con Barcelona o Valencia, y Bernardo Giner de los Ríos, ministro de Comunicaciones, propuso una vía alternativa desde Madrid al noreste que enlazara con las líneas bajo control republicano. La propuesta permitió que durante algo más de un año, Madrid recibiera provisiones y su población no quedara aislada. Algunas informaciones publicadas estos días aseguran que el tren sólo funcionó durante 40 días y que por eso recibe ese nombre. No es cierto: el tren se conoce como de los 40 días porque ese fue el plazo que dio Negrín para construir los 91 kilómetros entre Torrejón de Ardoz y Tarancón. Aunque al final se tardó más de tres meses en concluir la obra, la propaganda republicana usó tanto los 40 días, que acabó por incorporarlo al imaginario de los madrileños, sometidos a desabastecimiento y enormes privaciones, aunque los retrasos obligaron a cambiar el nombre definitivo a Vía Negrín.
Se ha especulado sobre cuanta gente fue obligada a participar en las obras. Fueron unas diez mil personas: parte de ellas voluntarios o efectivos del Batallón de Fortificaciones del Ejército republicano, pero también hubo un contingente importante de prisioneros nacionales, entre ellos militares y sacerdotes. La presencia de presos de guerra en la obra evitó que Franco –conocedor de esa circunstancia– bombardeara la vía. En 1938 llegó al campo de trabajo de Pozuelo un grupo de 380 presos gubernativos traídos de prisiones de Levante. Se ha documentado entre ellos un caso de asesinato y varias desapariciones. En el campo de Ambite se han probado también tres muertes por el trabajo extenuante, la pésima alimentación y los maltratos. Las actas de defunción se conservan en el Archivo Histórico Nacional y los cuerpos en el cementerio local. La Causa General franquista ya hizo a partir de 1940 y hasta 1960 balance de los excesos, asesinatos y brutalidades producidos en el territorio de a República, pero aún hay lagunas: la Comunidad de Madrid pretende localizar un pequeño grupo de personas, presos detenidos por la policía secreta, sin control judicial y muy probablemente asesinados, cuya identidad no está recogida en ningún documento.
La propuesta de Ayuso reivindica la necesidad de que se exhume e identifiquen los cuerpos de los asesinados del bando franquista. De la mayoría de ellos ya se ocupó la investigación de la Causa General, recogida en 40.000 cajas que hoy están en Salamanca. No se trata –como se ha dicho con cierta frivolidad– de «reabrir la leyenda negra de Negrín». El uso de presos en la obra pública, era una práctica común de ambos mandos, recogida además en las leyes penales de la República. No existe la más mínima evidencia histórica de que Negrín ordenara o planificara asesinatos de detenidos. Los excesos homicidas de la retaguardia son una constante de las guerras. La brutalidad contra los enemigos sigue siendo la práctica habitual en las contiendas actuales. Forma parte de lo peor de nuestra naturaleza.
Pretender que la exhumación de los presos asesinados durante la construcción de la vía Negrín se convierta en una nueva agresión a la memoria de Negrín está condenado al fracaso. Juan Negrín fue un hombre decente, un político al que tocó vivir el momento más siniestro de nuestra historia. Su participación en la Vía Negrín no tiene relación alguna con los crímenes que allí se produjeran: sirvió para salvar de morir de hambre a miles de madrileños.
