Canarias no puede seguir estirando el chicle. Porque el chicle es el propio país. El chicle –disculpen ustedes– somos nosotros y ese entusiasmo por nuestra agonía propagado incluso institucionalmente –la insistencia de coronar el éxito a través del suicidio– debe terminar de una vez. Las señales se repiten. Que los residentes en La Graciosa se queden sin agua potable como resultado de la negligencia técnica y de los centenares de miles de bípedos que visitan la islita cada año es un escándalo social pero también una metáfora que expresa que estamos llegando al límite y que hablar de riesgo de colapso –aguijoneado por una superpoblación creciente compatible con el rápido envejecimiento de la población isleña– no es una exageración grotesca. En un cuarto de siglo han transformado La Graciosa es un vertedero de guiris oligofrénicos y canarios noveleros, un territorio masificado y agobiante durante nueve meses al año donde no rige ninguna normativa legal, un far west paradisiaco donde –por poner un ejemplo– el restaurante más popular carece de una carta de productos y precios y si protestas, un jabalí te embiste hasta echarte a la calle. La Graciosa no solo es una isla sobrexplotada: padece unos servicios públicos muy frágiles y una oferta turística espeluznante. En un país civilizado hace mucho tiempo se hubieran tomado medidas. Una limitación razonable pero tajante a la entrada de visitantes entre ellas. Aquí no. Aquí se hace caso omiso para seguir haciendo caja hasta que nos ahogue nuestra propia mierda y la de los turistas. La diferencia: ellos tienen a donde regresar y nosotros no.
No se trata de turismofobia. El turismo es y debe seguir siendo un motor económico en Canarias. El mercado turístico debe ser intervenido y regulado a favor de una oferta selecta para unos visitantes que dejen más recursos en una evolución decreciente mientras se mejoran las condiciones (fiscalidad, normativa, infraestructuras materiales y de conocimiento, recursos financieros: todas las potencialidades que ofrece el REF) para la diversificación económica potenciando la producción agrícola y el autoconsumo. Muy poco de esto ha materializado el actual Gobierno autonómico, que ha reducido su política económica al subvencionismo, su política fiscal al continuismo ligeramente maquillado en circunstancias dramáticamente distintas y su política social al asistencialismo. Poner en marcha un cambio real en Canarias que impida o al menos dificulte en los próximos veinte años que acabemos en una vía muerta en el nuevo mapa de la división internacional del trabajo, paralizado el proceso de globalización y con una situación geoestratégica cambiante y peligrosa es una tarea sumamente difícil y compleja y que exige política, parlamentaria y socialmente amplias mayores transversales y no sumatorios bajo una excusa ideológica y con un repugnante pago en especie –consejerías, empresas públicas, contrataciones– a minorías como la Agrupación Socialista Gomera. Tanta turra con la reforma electoral y la conformación de una mayoría gubernamental u otra, en junio de 2019, estuvo en manos de un individuo, Casimiro Curbelo. Es una anomalía democrática y cabe esperar que el próximo año desaparezca.
Por supuesto que caben razones para un escepticismo abrumador. Porque transformar Canarias –una economía más sólida, dinámica y diversificada, unos ecosistemas protegidos, una administración más rápida, operativa y profesionalizada, una defensa prioritaria de sus intereses ante Madrid y Bruselas– significa igualmente afectar a un entramado empresarial y sindical dedicado a la defensa de sus rentas de situación y que explica que alguien pueda ser consejero de Economía y luego presidente de la CEOE y después presidente del Consejo Económico y Social de Canarias. ¿Capisci? Si el Gobierno canario es la empresa más potente de la región y el mayor asignador de recursos, tal vez ya es hora de activarlo para extirpar algunos cánceres internos.
